FSM: Nuevas medidas para otro mundo

por Patricia P. Gainza – En el ámbito de los talleres de V Forum Social Mundial, dentro del Eje C, que agrupa la temática “Construcción de la cultura de la resistencia de los pueblos”, tuvo lugar una discusión sobre economía global e indicadores de riesgo país. El acto tenía un antecedente en un debate realizado en el ámbito del Foro de las Américas, en Ecuador.

El taller de Porto Alegre fue abierto por Luiz Augusto Faría, con una puesta al día sobre el riesgo país y quién lo mide. El riesgo país indica el nivel de incertidumbre existente al momento de otorgar un préstamo a un país determinado; mide la capacidad de un país para pagar en tiempo y forma un préstamo y sus intereses. La medida tradicional es número que representa la diferencia que resulta entre las tasas que pagan los bonos del Tesoro norteamericano y las que pagan los demás países. En la práctica, esta medida está asociada a las grandes corrientes de inversión, especialmente entre grandes empresas, fondos y bancos.

Hoy en día existen empresas financieras que se encargan, a través de cientos de analistas, de generar estos datos finales, lo que en la práctica conocemos como “la capacidad de solvencia o no de un país”. Esta mecánica, según la presentación de Eduardo Gudynas, acarrea en sí misma varios problemas. Primero, los datos que contemplan estas empresas para realizar su índice están estrictamente restringidos al plano económico-financiero, donde existe una ausencia total de dimensiones sociales o ambientales. En caso de tomarse en consideración, estas últimas aparecen bajo el rubro de “riesgo político” y contribuyen a aumentar el riesgo, no a disminuirlo, ya que teóricamente la empresa necesitaría más tiempo para recuperar su inversión.

En segundo lugar, las empresas calificadoras fallan al prever crisis económicas, pero son más certeras para anunciar un default, en buena medida porque contribuyen a generar una situación de caos y temor alrededor de los países que están siendo calificados, ya que su respuesta es en tiempo real.

Tercero, tienen un efecto expandido debido a sus medidas pretendidamente revelan la situación de todo un país y no contemplan que frente a la misma crisis en una sociedad existen distintas reacciones donde hay sectores beneficiados (como el exportador). Además, las calificaciones de grandes economías, como son Brasil y México, arrastran a sus vecinos independientemente de lo que suceda en estos últimos.

Pablo Bergel, sociólogo, ofreció un testimonio sobre la crisis argentina de 2002, cuando las estas empresas advirtieron a los inversores de que no llevaran sus capitales a Argentina, lo cual también influyó en que muchos inversores retiraran su dinero. Esto profundizó la crisis y la caída en default. En el año 2001, Argentina tenía un riesgo país de aproximadamente 500 puntos, y para finales del 2002 era de más de 5000.

En el taller resultó evidente que las empresas de análisis y calificación, que teóricamente contribuyen a garantizar una inversión segura al ofrecer a los agentes financieros una guía sobre las condiciones en los países de América Latina, no hacen otra cosa en realidad que generar más incertidumbre. Así, se convierten en grupos con gran capacidad de presión e impacto sobre los gobiernos nacionales latinoamericanos que necesitan contar con “bajo riesgo” para atraer inversiones, aunque no se reconozca.

El evento de Porto Alegre se centró en proponer para otro mundo posible, otra forma de medir y utilizar este concepto. La forma de medición dejaría de ser meramente económica-financiera para sumarle otras varias dimensiones de análisis: una social, una ambiental, otra institucional e incluso una tecnológica.

El equipo D3E asume la puesta en práctica de estas alternativas. Configura una nueva forma de calificación desmenuzando estas dimensiones de análisis en once variables: porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios, emisiones de dióxido de carbono, porcentaje de áreas protegidas respecto de la superficie total del país, porcentaje del PIB destinado al gasto social, tasa de alfabetización y matriculación, distribución del ingreso, grado de apoyo a la democracia, respeto a las libertades civiles y políticas y número de usuarios de internet.

Paralelamente, la experiencia propone un nuevo concepto “riesgo aceptable” que implica una construcción teórica que resulta de la suma de los riesgos aceptados para de cada una de las variables que constituyen las dimensiones del análisis. Tenemos así una especie de media de referencia, por debajo de la cual se estaría en estado de crisis, y por encima de la cual estaríamos en condiciones tolerables o regulares.

A lo largo de la discusión, uno de los participantes en el taller se preguntó qué legitimidad puede tener una forma de medición que enfoque su unidad en el Estado-nación sin considerar las influencias externas que sufre cada uno de ellos como componente de un sistema global. Esto desencadenó una larga reflexión colectiva acerca del potencial político internacional y local que podría tener esta propuesta.

Por un lado se plantea la posibilidad de generar un índice de riesgo país “paralelo”, listo para ser develado inmediatamente frente a los anuncios de las mediciones convencionales, como las que originan J.P. Morgan o Moody?s desde los centros financieros del norte. Eso permitiría provocar espacios donde se cuestione la relevancia y la legitimidad de las miradas tradicionales. La metodología y los resultados se describen en detalle en una reciente publicación sobre “El otro riesgo país” que se presentó en el taller.

Otro posible campo de actividades, ampliamente innovador, es la posibilidad de llevar estas técnicas a los diversos ámbitos de la vida ciudadana, nacional o regional. La estrategia consistiría en que cualquier grupo con una actividad de trabajo común fuese capaz de generar sus propios “índices de riesgo aceptables” frente a una situación determinada. Este punto se debatió a partir de una intervención de Pablo González, que trabaja con comunidades campesinas e indígenas en el sur de Chile, preocupado por las inversiones destinadas a grandes emprendimientos forestales. En muchos casos esos proyectos abren líneas de financiamiento que recurren a los fondos de inversión, o las carteras de apoyo privado en el Banco Mundial y el BID, y que en todos los casos la emisión de bonos está sujeta a análisis de riesgo. Justamente en esos análisis convencionales, si el gobierno chileno eleva las exigencias de calidad ambiental, el riesgo convencional aumenta y el costo del crédito es mayor. Pero lo contrario es lo que indicaría el sentido común, ya que si se contaran con mejores condiciones ambientales se evitarían impactos externos que terminan afectando a los grupos locales, y en consecuencia el riesgo de conflictos o pérdidas económicas es menor. Usualmente los grupos locales no pueden intervenir en el momento crucial de la asignación y evaluación de la inversión, y por lo tanto esta nueva medida abre un nuevo frente de acción.

La nueva metodología propuesta permitiría construir un indicador de riesgo aceptable para los habitantes de una localidad donde se pretende instalar una planta de celulosa; para delimitar los derechos laborales mínimos pretendidos por un grupo de trabajadores; para definir los parámetros de vida básicos de grupos campesinos, etc. Es una tarea difícil, pero tiene la ventaja de encontrarse en nuestras propias manos.

P. P. Gainza es analista de informacion en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad – America Latina). Publicado en La Insignia el 30 de enero 2005.