por Raúl H. Lugo Rodríguez – Seguramente muchos de los pacientes lectores y lectoras de esta columna se habrán preguntado si las reuniones nacionales, regionales o internacionales, en contra de la globalización injusta tienen algún sentido. Algunos de los que tuvimos la oportunidad de asomarnos a Cancún hace dos años, cuando la Organización Mundial de Comercio (OMC) hizo de esa playa caribeña su lugar de reunión, nos quedamos con la impresión de que quienes allí se reunieron para protestar sabían perfectamente aquello contra lo que disentían (lo que ya es mucho decir), pero no tenían propuesta alguna para sustituir aquello que criticaban.

Los “foros sociales” fueron creados, precisamente, como laboratorios donde la sociedad civil pudiera proponer soluciones alternativas a los problemas sociales generados por un proceso de mundialización cada vez más despiadado, que ha llevado la exclusión y la desigualdad en el planeta a niveles de profundidad que no habíamos conocido antes.

El V Foro Social Mundial, que tiene lugar en estos días en Porto Alegre, Brasil, no es, pues, una simple reunión de protesta. Es un encuentro de denuncia, sí, pero sobre todo es un gran escaparate de propuestas. Hay participantes que buscan únicamente los discursos de grandes líderes e investigadores sociales, pero eso es suficiente sólo para quienes tienen en alta estima la caza de autógrafos. El foro de Porto Alegre no tiene la trascendencia que tiene porque en él comparezcan el presidente de Brasil Lula, o Eduardo Galeano, o el teólogo Leonardo Boff, sino porque innumerables organizaciones inventan ahí formas nuevas de resistencia, y hacen talleres para discutirlas, para enriquecerlas, para hacerlas operativas. Aprovecharé este espacio para proponerles un ejemplo.

¿Sabían ustedes que existe una categoría que sirve para medir el riesgo de invertir el dinero en un país determinado? Existe, y es conocida como “indicador riesgo país”. Se trata de una categoría inventada por poderosos grupos de asesores financieros y analistas, que ofrecen información para permitir a los grandes inversionistas medir el riesgo para el retorno de su capital con ganancias. Este indicador califica a los países, y esta calificación se vende por parte de estos grupos de analistas, como si fuera una verdad incontrovertible.

Pero el “indicador riesgo país” tiene muchos problemas. En primer lugar es un indicador exclusivamente financiero, que tiende a encasillar por largo tiempo a un país en un nivel determinado. Parte de un análisis grosero, que privilegia sólo el lucro de los inversionistas, sin tomar en cuenta factores sociales y ambientales. Si el país, por ejemplo, tiene leyes que protegen el medio ambiente, la calificación del riesgo sube, desalentando a los inversionistas. La aplicación del “índice país riesgo” hace una extraña ecuación: cuando al pueblo de un país comienza a irle bien, entonces el riesgo de invertir comienza a ser alto. Cuando le va de la patada (no se protege el medio ambiente, no hay leyes que salvaguarden los derechos laborales, etc.), entonces el riesgo es bajo y el país se convierte en un paraíso para los inversionistas.

Pero lo malo del “índice riesgo país”, no es solamente que sea un índice sesgado, basado en informaciones manipuladas, que no toma en cuenta el bienestar del pueblo al que se aplica, sino que ha sido usado como una especie de chantaje en contra de muchos países, para obligarlos a aplicar medidas cada vez más radicales de desregulación económica.

Pues bien, Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad (D3E, por sus siglas), una organización que trabaja desde hace quince años en un “paisito” sudamericano, como a los uruguayos les gusta llamarse, ha propuesto en Porto Alegre un “índice riesgo país alternativo”, es decir, un nuevo sistema de medición que toma en cuenta once variables distintas, entre las que se encuentran el nivel educativo de la población, el promedio de gasto social del gobierno, la equidad distributiva, la vigencia de las libertades civiles y políticas, etc., para rehacer la escala de valoración que se ofrece de cada país.

Este alternativo “índice riesgo país” es complejo, pero su funcionamiento no lo es tanto: se trata, dicho de manera general, de que los países inversionistas privilegien como destinatarios de su inversión a los países con un mínimo tolerable, por ejemplo, de analfabetismo. La propuesta para este rubro es de dos por ciento. Eso quiere decir que los inversionistas podrían preferir a los países que se acercasen a esa tasa, obligando así a los gobiernos nacionales a garantizar el derecho a la educación de sus pueblos.

Este nuevo indicador es un instrumento todavía en discusión, que deberá pasar la prueba de la difusión y la eficacia. Pero, de entrada, ya logró desnudar los perversos mecanismos del “índice riesgo país” que se utiliza comúnmente. Esta sola propuesta hace que el quinto Foro Social Mundial haya valido la pena. Unida a las demás, que hay muchas, nos afianza en la convicción de que hay rumbos nuevos por los que el mundo puede encaminarse.

Raúl H. Lugo R. es un sacerdote mexicano residente en Mérida, donde coordina la organización de derechos humanos “Indignación”. Publicado en el «Diario de Yucatán» (México) el 31 de enero 2005.