por Javier Ponce – A desmedro del silencio de los medios de comunicación nacionales, la propuesta de dejar bajo tierra el petróleo que subyace al parque Yasuní va ganando nuevos adeptos fuera del país, sin que aquello haga parte de agenda alguna de la información local y mezquina.
El Ministro de Finanzas alemán asegura que todo su gobierno apoyará en la Unión Europea la iniciativa ecuatoriana; y estudia ya la posibilidad de una refinanciación de deuda externa, al tiempo que Sigmar Gabriel, ministro de Ambiente y Seguridad Nuclear (saludable combinación), de ese mismo país, considera la posibilidad de proponer el uso de mecanismos financieros innovativos en la novena conferencia de los estados suscriptores del acuerdo de biodiversidad CBD. La constitución de un fideicomiso es, para el Gobierno alemán, un instrumento digno de ser considerado, pues asegurará la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.
Alguna petrolera ya se ha propuesto sumarse a la campaña para mejorar su imagen.
Un grupo de parlamentarios italianos está estudiando la propuesta.
Y, sin embargo, la atención dentro del Ecuador es escasa. El Gobierno le puso un momento empeño, pero no lo ha convertido en uno de sus proyectos sobre los cuales insistir constantemente. No hay una campaña nacional para convencer a la sociedad para que acoja con entusiasmo la propuesta, como el punto de quiebre de más de tres décadas de petrolerismo voraz.
Nada se puede, tampoco, esperar de espacios como el Congreso. Allí, entre la estulticia, el oportunismo y la angustiosa recuperación de alguna identidad que les permita sobrevivir a la Asamblea Constituyente, no hay otro tema que el poner las barbas en remojo a costa de los proyectos del Gobierno.
El sector financiero, de suculentos beneficios, curioso benefactor de última hora de los pobres microempresarios, no tiene el menor interés por abordar un tema de campaña como este. Prefiere inundarnos con las imágenes del miedo.
Las cámaras de la producción, tampoco.
Es una tesis del régimen, dirá la oposición. Lo único importante es poner zancadillas a quienes entregan, cándidamente, desde Carondelet, material para la zancadilla.
El movimiento indígena, al menos en su versión Pachakutik, parece más interesado en perpetuar, con un decreto legislativo, la burocracia de esos dos instrumentos que han labrado su división, el Codenpe y el Prodepine. Ni una sola palabra sobre el derecho de los pueblos amazónicos, en torno a una propuesta que recoge todo el discurso de más de una década de las organizaciones de la Amazonía. En 1994, el pueblo de Pastaza marchaba a Quito para exigir la soberanía de su territorio. Desde hace más de seis años, el pueblo de Sarayacu se resiste al ingreso de una petrolera argentina. ¿La Conaie ha olvidado estos empeños?
Lo que parecía que sería el centro de la política petrolera del Gobierno, recibe una sonrisa burlona desde Petroecuador. Allí, la única posibilidad es que el ministro Galo Chiriboga recoja con energía aquello que es la herencia mayor de Alberto Acosta.
¿Cómo alimentar, me pregunto, un importante respaldo internacional, si al interior del país el tema es recogido apenas por un puñado de ecologistas?
¿Cómo alimentar en la sociedad ecuatoriana la apropiación del destino del Yasuní, si en los medios de comunicación aquello fue calentura de unos pocos días?
J. Ponce es un destacado analista y periodista ecuatoriano.
El presente artículo fue publicado originalmente en el diario El Universo, Guayaquil, 25 de julio del 2007. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 58 el 25 de julio de 2007.