Honduras: misión internacional reclama cerrar proyecto Agua Zanca

Honduras: misión internacional reclama cerrar proyecto Agua Zanca

por Tommy Morales -La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres” ofreció una conferencia de prensa en donde dieron a conocer algunos hallazgos en el proceso de investigación del asesinato de la defensora indígena.

Sostuvieron entrevistas con diferentes autoridades de instituciones estatales, sociedad civil, la Coalición Contra la Impunidad, organizaciones de derechos humanos, militantes  del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y familiares de Berta Cáceres, con el fin de indagar las investigaciones y asegurarse que Gustavo Castro testigo, victima, defensor y sobreviviente del asesinato de Cáceres, regrese sano y salvo a su país.

La Misión fue convocada a solicitud de la Red Nacional de Defensoras de Honduras junto con el COPINH.

Integrantes de la Misión Internacional

El euro diputado español por el Partido “PODEMOS” Miguel Urban Crespo; Nora Cortiña de origen argentino una de las fundadoras “madres de la Plaza de Mayo”, Pedro Arrojo Diputado del parlamento español por “PODEMOS”, Doctor en Físicas y Profesor Emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza.

José Olvera de la “Unión de Trabajadores” de México y de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas; Beverly Keene de Argentina coordinadora de “Diálogo 2000 Jubileo sur”, integrante de la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad.

Mirla Perla Jiménez Ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador; Brian Finnegan de la Federación Estadounidense del Trabajo, Congreso de organizaciones industriales; Zulma Larin de El Salvador coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia; Natalia Atz Sunuc indigena de Guatemala “Amigos de la Tierra ALC” e integrante de la “Campaña Global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad; Gustavo Lozano de México académico y abogado de la “Coalición de Movimientos Sociales por el Agua y por la Tierra” en articulación con el movimiento Centroamericano.

Tom Cucharz asesor político de la delegación de “PODEMOS” en el Parlamento Europeo e integrante de la “Campaña Global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad”; Candelaria Ochoa de México, diputada del Congreso de la Unión, Miguel Ángel de los Santos mexicano, abogado de la Red Iberoamericana de Jueces, Adolfo Galeno de Nicaragua de la Coordinación Continental del “Grito de las y los excluidos”, María Lourdes Zea de México del Sindicato de Trabajadores de México; Bartolomé Mechuco de Guatemala de la coordinación continental de la organización “Grito de las y de los Excluidos” y Everardo Piche de El Salvador miembro del CCO JSA y de la Red de Ambientalistas Comentarios.

Recomendaciones

Pedro Arrojo aseguró que es un primer avance del informe y que necesitan unos días para someterlo a algunos detalles.

Las conclusiones y recomendaciones preliminares iniciaron con la declaratoria que “Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para las y los defensores de derechos humanos, en particular quienes promueven los derechos a la defensa del medio ambiente y la tierra”.

Consideraron que en Honduras no está garantizado el respeto a los principios democráticos, libertades fundamentales y derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos denominada “Pacto de San José”.

Además que “Es común que jueces sufran interferencia política con claros indicios de una falta de independencia judicial y una debilidad manifiesta de derecho agravado a partir del golpe de Estado del 2009”.

La Misión constató sistemáticamente flagrantes transgresiones del derecho internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, mineros, agroindustriales y forestales en territorios indígenas y garífunas, en particular en el denominado “Agua Zarca” por las acciones y omisiones de la empresa DESA y del gobierno hondureño.

 

Se evidenciaron fuertes vinculaciones del gobierno con los poderes económicos representados por las grandes empresas nacionales y transnacionales.

 

Continua la lectura diciendo que “no se detecta la voluntad necesaria por parte del gobierno de Honduras para acabar con la impunidad en relación a la violencia contra la defensa de los derechos humanos, particularmente hacia los pueblos indígenas.

 

El Estado hondureño por crímenes anteriores han fracasado en la protección de Berta Cáceres Flores, por el incumplimiento a las medidas cautelares indicadas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), el asesinato de Berta ha puesto en evidencia la desconfianza internacional.

 

La Misión indico que no existen razones legales que justifiquen continuar restringiendo la libertad de Gustavo Castro Soto impidiendo su regreso a México, este fue el testigo directo del asesinato de Berta, quien corre peligro al permanecer en Honduras.

 

Se constató el agravamiento de la persecución de miembros del COPINH por la empresa DESA y el sistema financiero que la sostiene. En tanto se llevó a cabo un  proceso de militarización creciente en el país y en particular en los territorios en que surgen conflictos sociales y ambientales como el de “Rio Blanco”, y una percepción creciente de inseguridad en las comunidades por el crimen organizado como respuesta esa mayor presencia militar.

 

Recomendaron dotar de medios económicos a la Ley de Protección a las defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional el 15 de abril del 2015, para su cumplimiento y funcionamiento.

 

Acabar con los procesos de criminalización a las organizaciones de sociedad civil, un nuevo enfoque de tratamiento y no violento y democrático de los conflictos sociales ambientales abiertos a futuro.

 

Cancelar las concesiones relacionadas con proyectos hidroeléctricos, explotación minera industrial y forestal revisándolas de forma que se garantice el principio de sostenibilidad ambiental.

 

Recogieron la petición de la familia de Berta y el COPINH de la necesidad de una investigación independiente, pidieron la inmediata aplicación del tratado de colaboración entre México en Honduras; en virtud de los artículos 1, 12, 24, 945 y 355 del acuerdo en que se establece la asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, el Consejo Europeo debería suspender el acuerdo de asociación con este país mientras se incumpla la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos.

 

Solicitaron que el gobierno de Estados Unidos aclare las condiciones y términos de su participación en la investigación del asesinato de Berta Cáceres Flores y por otro lado que suspenda las asignaciones previstas en el “Plan para la Prosperidad” del triángulo norte de Centroamérica mientras los derechos humanos no se garanticen en Honduras.

 

Debe evaluarse la financiación de España y de la Unión Europea al programa “Euro Justicia” que asciende a 30 millones de euros, dicho financiamiento beneficia directamente al Ministerio Publico, la Secretaria de Seguridad y el Poder Judicial, debido a las irregularidades surgidas del asesinato de Cáceres y otros miembros de COPINH, y la suspensión temporal hasta que se esclarezcan las responsabilidades sobre estos crímenes.

 

Recomendaciones proyecto Agua Zarca y Similares

 

Suspender de manera inmediata todas las concesiones que se han dado en territorios del pueblo lenca, sin consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas. Desmilitarizar los territorios del pueblo lenca, respetar la autonomía y autogobierno de sus comunidades, reconociendo al COPINH como organización responsable de su autonomía comunitaria.

 

Demandaron hacer efectivo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante un convenio que reconozca a todas las comunidades lencas e indígenas hondureñas el pleno derecho a ser salvaguardas, protectores y gestores de sus territorios, bienes comunes, la naturaleza y su cultura.

 

Exhortaron al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) involucrado en el financiamiento del proyecto Agua Zarca, a cancelar su participación al tiempo que instaron a la compañía financiera Holandesa para el Desarrollo (FMO) a transformar sus inversiones en la suspensión definitiva.

 

Que los Estados o compañías que apoyan financieramente proyectos como estos que cumplan con sus obligaciones territoriales, como consecuencias de sus actos, en la medida que impactan sobre los derechos humanos a los territorios afectados por sus inversiones.

 

Toda entidad financiera tiene la obligación de verificar que los impactos sociales y ambientales de sus operaciones no sean dañinas y violatorias de los derechos de las personas de los pueblos y de la naturaleza.

 

21 March 2016

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4020:mision-internacional-pide-la-suspension-de-30-millones-de-euros-y-el-cierre-del-proyecto-de-agua-zarca&catid=71:def&Itemid=166

Publicado el 22 de marzo de 216, en el sitio de ALAI (Quito)

http://www.alainet.org/es/articulo/176227