Un número creciente de poblaciones étnicamente definidas de diferentes partes de Latinoamérica han alcanzado reconocimiento de sus derechos étnico-territoriales rurales, y en algunos casos bajo constituciones progresistas. El nuevo constitucionalismo latinoamericano fue el resultado de ciclos extendidos de política contenciosa y de la lucha de movimientos sociales a nivel local, nacional y transnacional. Estos ciclos de protesta incluyen procesos de creación de redes y cooperación Sur-Sur. Simultáneamente el continente ha experimentado un boom en las actividades extractivistas, que con frecuencia tiene lugar en áreas protegidas y/o territorios indígenas. Por ende, fuertes intereses económicos colisionan con el reconocimiento y la protección de los derechos constitucionales de los pueblos afectados. En este ensayo se analizan varios casos ilustrativos en diferentes sitios en Latinoamérica y se contrastan los derechos étnico-territoriales formales/legales (de jure) con el desarrollo de los mismos derechos (de facto) en la práctica.

Un reporte redactado por Rickard Lalander (Universidad Estocolmo) y Markus Kröger (Universidad Helsinki), y publicado en la serie de CLAES Observatorio del Desarrollo (julio 2016).

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