Chile: los errores de la política pública en el conflicto mapuche

Chile: los errores de la política pública en el conflicto mapuche

por Carla Alberto, Juan Pablo Luna y Sergio Toro Maureira – Esta columna da cuenta de una exhaustiva investigación que muestra que en las zonas donde el conflicto mapuche es más álgido, las comunidades tienen una extensa historia de resistencia y organización que se remonta a épocas prehispánicas. En base al análisis y triangulación de datos de diversas fuentes, hecha por el Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos, la investigación muestra que en esas zonas la disputa por el territorio ha sido permanente desde la colonia, pasando por la llamada Guerra de Arauco, la colonización impulsada por el Estado y la Reforma Agraria. Por eso, los autores estiman que los pilares del Plan Araucanía –inversión social, emprendimiento y representación política para los mapuche– son correctos, pero no abordan la clave del conflicto: la tierra.

El asesinato de Camilo Catrillanca (15 de noviembre), atribuido a un grupo del GOPE de Carabineros, así como los eventos que lo siguieron en los días posteriores, constituyen el  último de una larga serie de episodios conflictivos entre el pueblo mapuche y el Estado chileno en varias zonas de las regiones de La Araucanía y el Biobío. Las mentiras y contradicciones que rodearon la muerte del joven comunero dejaron en evidencia la falta de coherencia entre la actuación del llamado “Comando Jungla” y los lineamientos del denominado “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía”, presentado por el Presidente Sebastián Piñera el 24 de septiembre. Hasta ahora, parecía que la promesa de represión policial había sido utilizada para persuadir a los sectores menos propensos al diálogo de sentarse a la mesa de negociación con representantes mapuche. Tal vez, el legado de Catrillanca sea el de exponer la incongruencia entre ambas estrategias.

La contradicción se hace evidente al analizar la lógica de configuración del conflicto en términos históricos. Específicamente, argumentaremos que la represión estatal ha contribuido a reproducir –así como a expandir- los focos del conflicto. En otras palabras, la búsqueda de la paz en el mediano y largo plazo no puede sustentarse en la represión en el corto plazo. Y he aquí la complejidad de la situación que se ha configurado en torno al conflicto en el que se contraponen los objetivos de lograr mantener el orden y la presencia estatal en el presente, pero avanzando hacia la construcción de un modus vivendi sostenible y legítimo para los habitantes del territorio en disputa.

En base al análisis y triangulación de datos provenientes de diversas fuentes, recolectados por el Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos, nos proponemos evaluar empíricamente distintas explicaciones respecto de las raíces del conflicto. Los resultados que aquí presentamos sugieren lo errado de varios otros “sentidos comunes” que orientan (y han orientado en el pasado) la política pública en torno al conflicto mapuche. Por esto mismo, esperamos sean de utilidad para avanzar hacia una solución más efectiva.

Nuestros datos problematizan tres premisas erradas del Plan Araucanía. Por un lado, sugerimos que la demanda mapuche transciende las fronteras administrativas de La Araucanía, instalándose también en zonas del sur de la provincia de Arauco (Cañete, Tirúa) y en el sector cordillerano de la provincia de Valdivia (Panguipulli). Además, señalamos que la distribución territorial de los episodios del conflicto mapuche es muy dispareja a nivel territorial. Finalmente, sugerimos que el conflicto refleja lógicas de muy largo plazo, las que no son probables de modificar mediante los principales instrumentos planteados en el Plan Araucanía (centrado en la combinación de inversión social, promoción del emprendimiento y la incorporación de mecanismos de representación política).

Parafraseando al propio Presidente Piñera en su discurso de Temuco: para “empezar a cambiar el curso de la historia” es necesario entender que los problemas del territorio son “más antiguos y más profundos” de lo que el diagnóstico subyacente al Plan Araucanía (y a sus múltiples precedentes en gobiernos de todos los signos) parecieran reconocer.

El diagnóstico de muchas autoridades supone que la raíz del conflicto la constituyen los niveles de pobreza y el atraso relativo respecto al resto de Chile de la Región de La Araucanía. La llegada y presencia de empresas forestales, así como la escasa infraestructura estatal son factores también centrales en la explicación convencional. El diagnóstico tiene, por supuesto, un fundamento empírico. Por tanto, es posible que el plan y las acciones que en él se proponen logren avances importantes.

No obstante, el conflicto mapuche también esconde causas profundas que explican, por ejemplo, por qué los episodios violentos se concentran en ciertas áreas de la región y no en otras (con niveles de pobreza, presencia de infraestructura estatal y actividad forestal muy similares a zonas donde el conflicto está ausente). La historia enseña, además, que la acción represiva en las zonas de conflicto tampoco logrará encauzar, sino, por el contrario, reforzar el conflicto a largo plazo. Y esto sucederá aun cuando el nuevo plan logre sus objetivos de dinamizar la economía y mejorar la infraestructura estatal y la realidad social en esas zonas.

¿Dónde ocurrió el conflicto?

El conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche no tiene una distribución aleatoria en el territorio. Por el contrario, existen zonas particulares en que se concentra buena parte de los eventos que el Estado tipifica como “violencia rural” y que, una vez producidos, tienen un camino de judicialización mediante querellas del Ministerio del Interior y posteriores acciones violentas de la policía a través de allanamientos y asedios.

Con el fin de observar esta dinámica, acudimos a la base de datos del Poder Judicial y rescatamos las querellas patrocinadas por el Ministerio del Interior a través de las intendencias y/o gobernaciones de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Con el contenido de estas querellas, procedimos a geo-referenciar los eventos que entre 2014 y 2018, el propio Estado caracterizó como episodios de “violencia rural” que tuvieron relación con reivindicaciones mapuche.  De esta forma, cada evento representa una querella judicial asociada a incidentes relacionados con ataques incendiarios, daños a la propiedad e intercambio de disparos. El mapa que se muestra a continuación, presenta la distribución territorial de los eventos violentos en los últimos años. Como puede observarse allí, los eventos se concentran en el norte y centro de la Región de La Araucanía (Ercilla, Collipulli y Padre las Casas), sur del Biobío (Cañete, Tirúa) y, más recientemente, en la zona cordillerana de la Región de Los Ríos (Panguipulli).

Estos eventos de conflicto no se relacionan directamente con la presencia o ausencia de comunidades indígenas. Por ejemplo, en lugares como Nueva Imperial o Puerto Saavedra (que concentran un número importante de comunidades mapuche), las querellas por violencia son casi inexistentes. En tanto, en las zonas de Collipulli y Ercilla, en que el número de comunidades es menor, el conflicto es intenso tanto en la cantidad de eventos como en su repertorio.

En consecuencia, si no existe una correlación entre las zonas de conflicto violento y la distribución de las comunidades mapuche en el territorio, ¿qué factores explican la radicalización de algunas comunidades (aquellas en que observamos incidentes violentos en los años recientes) y la moderación de otras? Dos factores emergen frecuentemente en el discurso como posibles catalizadores del conflicto: la presencia de plantaciones forestales y la baja presencia del Estado.

En el caso de las forestales, se argumenta que las plantaciones ocupan grandes cantidades de tierra, generando un daño ambiental que amenaza los medios de subsistencia y la agricultura mapuche tradicional. En efecto, el territorio mapuche se ha enfrentado a una industria forestal que comenzó en los años 80 y que convirtió al bosque nativo en plantaciones de pino, álamo y eucaliptus, en menos de 20 años. Esta industria trabajó de manera indiscriminada hasta que se aprobó la Ley de “recuperación del bosque nativo y de fomento forestal” en 2008 (con 16 años de retraso, luego de ser presentada en 1992). Así, las empresas desarrollaron talas e inversiones en zonas como la cordillera de Nahuelbuta y los valles aledaños, zonas reconocidas como lugares altamente valorados por el pueblo mapuche.  Sin embargo, la distribución del conflicto no se relaciona directamente con las plantaciones. Nuevamente, encontramos zonas bajas en conflicto, pero intensas en producción forestal (Galvarino o Traiguén) y zonas de alto conflicto con alta superficie de bosque nativo (Panguipulli).

En el caso de la presencia de infraestructura estatal, usualmente se argumenta que la baja presencia del Estado en el territorio constituye una condición que promueve y ambienta el conflicto violento. Según esta línea argumental, el conflicto se asocia a una baja presencia estatal, la que reproduce condiciones de abandono, pobreza y aislamiento, las que a su vez catalizan el resentimiento contra el Estado chileno y sus instituciones. La ausencia de infraestructura estatal también ambientaría el conflicto violento,  pues este se observaría con más fuerza allí donde el aparato represivo del Estado posea menor alcance. Este argumento tampoco parece contar con suficiente sustento empírico. A modo de ejemplo, la distribución de escuelas en el territorio, un indicador usualmente utilizado para analizar el despliegue territorial del Estado, tampoco coincide o se superpone claramente con las áreas más conflictivas.

Para demostrar que estos tres argumentos son insuficientes en su capacidad explicativa, recogimos información de alrededor de 1.600 localidades de nuestra área de estudio que han sido identificadas por el Censo. De esas zonas, se identificaron aquellas que han presentado un evento conflictivo desde 2014 a 2018, así como también la presencia o no de los factores que se señalan como explicativos de esta violencia. En los tres casos (presencia de comunidades, presencia de plantaciones forestales y presencia de escuelas), la correlación con el conflicto no es significativa.

 

La historia larga

¿Qué explica, entonces, la distribución territorial del conflicto y la intensidad de la demanda mapuche? La evidencia anterior sugiere que las causas del conflicto violento no responden a dinámicas contemporáneas. En virtud de ello, debemos mirar al pasado en busca de explicaciones plausibles para la distribución actual de los incidentes. Es más, argumentaremos, en base a los datos que hemos recolectado, que las raíces de la distribución territorial del conflicto actual se remontan al periodo pre-colonial. Desde esa época hasta ahora, los datos revelan la concentración del conflicto entre el pueblo mapuche, la colonia española y el Estado en los mismos sectores y territorios que hoy aparecen como los más problemáticos.

Las condiciones pre-coloniales

La importancia de la época pre-colonial es que ayuda a conocer el nivel de complejidad y organización del pueblo mapuche en determinados espacios geográficos. No todos los territorios tuvieron el mismo desarrollo; es más, en algunos lugares la relación entre los indígenas y su entorno fue principalmente de recolección, mientras que en otros, se lograron formar asentamientos con mayor nivel de organización. Desde un punto de vista ecológico, dos son las razones que explican esta heterogeneidad en el desarrollo del territorio por parte de los mapuche.

El primero tiene relación con la oportunidad que entregaban los acuíferos, el relieve y la morfología del suelo. Dentro de la zona estudiada, uno de los lugares con más posibilidades de asentamiento humano fue el ahora llamado Valle del Malleco. Este valle lo comprenden las actuales comunas de Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén y Victoria. Cruzada por el río Malleco, esta zona de origen glacial, volcánico y fluvial, permitió grandes áreas de cultivo y asentamiento de los pueblos pre-hispánicos. En una recopilación realizada por Campbell y Quiroz (2015), respecto de todas las excavaciones y hallazgos realizados por arqueólogos en la zona sur del país, es posible observar la preminencia de actividades por parte de comunidades indígena particularmente en el Valle del Malleco. Estos vestigios arqueológicos muestran, con pruebas de carbono 14, que el asentamiento de culturas indígenas en esta zona ocurrió durante el periodo arcaico medio (cercano al 5.000 A.C.). Situación similar se puede constatar en otras zonas que hoy son parte del conflicto, como Cañete-Lebu (3.500 A.C.) o el sector de Chanchan en Panguipulli (4.000 A.C.).

El siguiente mapa muestra la principal zona de influencia de acuerdo con las investigaciones arqueológicas mencionadas anteriormente. En esta es posible constatar una concentración de hallazgos arqueológicos en el área del Valle del Malleco y en el sector de Panguipulli. Nuestro análisis de correlación entrega a este factor un peso más significativo que el de factores contemporáneos al momento de asociarse a la distribución de los actuales eventos de violencia.

La segunda razón que explica las diferencias en el desarrollo organizativo mapuche tiene relación con el contacto con otras civilizaciones pre-hispánicas. Según investigaciones arqueológicas, la influencia de culturas andinas y polinésicas introdujo una serie de cambios en las comunidades mapuche que contribuyeron a fortalecer ciertos aspectos organizativos. Por ejemplo, según Dillehay y otros (2007), existe evidencia de la influencia de pueblos indígenas como el Tiwanaku en la zona mapuche. Dicha evidencia se relaciona con el cultivo de ciertas variedades de maíz y quínoa mediante el empleo de terrazas agrícolas, tecnología propia de la región andina. De la misma manera, investigaciones arqueológicas apuntan a la introducción de una variedad de gallina polinésica, que llevó posteriormente a la crianza de la actualmente denominada variedad araucana, y que provee evidencia de la expansión de culturas polinésicas hacia el este (Storey et al. 2007).

En parte, producto de las diferentes características del territorio y la influencia de culturas externas, las comunidades mapuche desarrollaron distintos niveles de organización en el período pre-hispánico. De acuerdo a los hallazgos arqueológicos, la zona que actualmente se relaciona con el conflicto no solo exhibe una mayor concentración de hallazgos arqueológicos, como se observa en el mapa anterior, sino que además estos hallazgos reflejan niveles más altos de organización y centralización. En efecto, de los 300 kuels registrados en Purén-Lumaco, alrededor de 78 están agrupados en nueve centros (posiblemente 10), denominados rewekuel, lo que evidencia la existencia de un sistema de organización integrado y que diferencia esta zona de otras en La Araucanía, caracterizadas por comunidades más dispersas y menos centralizadas. Es relevante señalar que algunos de estos rewekuel aún son utilizados para la realización de ceremonias y juegos deportivos (Zavala y Dillehay 2010).

El alto nivel de complejidad política de algunas poblaciones mapuche en esta zona no solo es reconocido por la investigación arqueológica, sino que también confirmado por los relatos de los primeros españoles que avanzaron hacia territorio mapuche, quienes denominaron a las zonas en conflicto ubicadas en los valles entre los ríos Biobío y Toltén como el “estado” (Dillehay 2007: 83). Como se verá a continuación, son estas poblaciones con altos niveles de organización las que desarrollan una resistencia sostenida frente a la invasión española.

El conlficto y su recurrencia

Si bien el asentamiento de las poblaciones pre-hispánicas en el territorio no es condición suficiente para explicar el conflicto actual, su capacidad explicativa gana fuerza cuando este factor se relaciona con las acciones que tanto la corona española como el Estado chileno realizaron, tanto de manera violenta como no violenta, para disputar los territorios antes señalados.

En efecto, desde la conquista y época colonial esta área de estudio ha sido escenario de conflicto político. En el periodo de conquista y colonia es conocida la resistencia mapuche, especialmente al sur del rio Biobío. Si bien existen registros de expediciones españolas a las zonas que hoy comprenden la provincia de Arauco y la región de La Araucanía, estas expediciones fueron bastante fugaces debido a la resistencia de los pueblos indígenas.

La zona en que hoy tiene lugar el conflicto violento entre el Estado y el pueblo mapuche es la que durante la colonia y la conquista, concentró la mayor cantidad de fuertes. Por ejemplo, los primeros fuertes y asentamientos instalados por los españoles durante la década de 1550 al sur del río Biobío se ubicaron mayoritariamente en el área actualmente en conflicto y sus alrededores, como La Imperial y los fuertes de Arauco, Angol, Tucapel, Purén, Lebu y Cañete. Como consecuencia, aquí también se concentraron numerosos enfrentamientos armados entre españoles y mapuche.

Según relatos de la época, las poblaciones mapuche de esta zona eran “las más obstinadas y rebeldes”, y quienes promovían la rebelión contra los españoles (Rodrigo de Quiroga [1577] en Sauer 2015: 143). Estos primeros encuentros dieron origen a una secuencia conflictiva que fue reforzada por posteriores incursiones españolas y chilenas en territorio mapuche. Es dicha secuencia de conflicto la que –argumentamos- se mantiene vigente hasta hoy.

Así, pese a que muchos de los fuertes en esta zona fueron destruidos y reconstruidos en el transcurso de la llamada Guerra de Arauco, el proceso de expansión española en territorio mapuche continuó concentrándose principalmente en el área donde la población mapuche tenía mayor capacidad organizativa y, por tanto, de resistencia, lo que contribuyó a mantener activa la secuencia de conflicto.

La llegada del Estado chileno nuevamente reforzó la necesidad del pueblo mapuche de proteger el territorio. Antes, durante y después de la ocupación de La Araucanía se desarrollaron más de 65 hitos de interacción entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. El parlamento de 1811 en Concepción con 13 caciques abajinos que representaban zonas que hoy corresponden a Lumaco, Traiguén, Purén y Galvarino; la junta entre autoridades chilenas y mapuche en 1865 con representantes de Purén, Lilpuill y norte de Los Sauces; los primeros remates de tierras en 1875 y 1878 en zonas como Rucapilán, Curaco, sur de Malleco, Los Sauces, Purén, Lumaco; y luego la seguidilla de remates entre 1881 y 1894 en zonas aledañas, muestran una frecuencia de eventos no aleatorios fuertemente focalizados en la zona norte de La Araucanía.

El siguiente mapa muestra la distribución de estos eventos históricos de interacción del Estado con el pueblo mapuche. En este se puede observar que la mayoría los eventos se sitúa en el Valle del Malleco, zona que se sobrepone a los puntos geográficos donde hoy registramos más incidentes violentos en la región. En otras palabras, tanto el conflicto histórico (el que discurre y se procesa en gran medida por vías institucionales), como el conflicto violento actual, se concentran en las mismas localidades al interior de la Región de La Araucanía. Nuevamente, la correlación entre estos eventos y el conflicto actual es estadísticamente significativa.

El avance del Estado chileno en territorio mapuche a través de la promoción de la inmigración europea, también contribuyó a reforzar la secuencia conflictiva. Según investigaciones de Zavala y Durán (2005), el Estado chileno se encargó de reclutar directamente inmigrantes europeos para asentarse en La Araucanía. Entre los años 1883 y 1890, el Estado reclutó directamente a 6.880 migrantes, quienes constituyeron las primeras colonias rurales en la provincia de Malleco, específicamente en Collipulli, Ercilla, Victoria, Traiguén, Purén, Los Sauces, Lumaco, Lautaro y Galvarino, así como también en Temuco.

La inmigración posterior, no a partir del reclutamiento estatal sino en calidad de inmigrantes libres, también se situó en las colonias existentes y ciudades de la provincia de Malleco, aunque algunos también se asentaron en las nuevas colonias en la provincia de Cautín. La llegada de inmigrantes traídos por el Estado contribuyó a profundizar las demandas mapuche relacionadas al despojo de sus tierras y, consecuentemente, a mantener el conflicto vigente.

Aunque la penetración del Estado chileno en territorio mapuche continuó sostenidamente, el conflicto entre este y el pueblo mapuche durante del siglo XX se canalizó por vías institucionales, las que incluyeron la realización de parlamentos, la creación de organizaciones mapuche y la elección de legisladores mapuche. En efecto, líderes mapuche de distintas corrientes resultaron electos legisladores, como Francisco Melivilu (1924; 1926-30; 1930-32), Manuel Manquilef (1926-30; 1930-32), Arturo Huenchullán Medel (1933-37), Venancio Coñoepán (1945-49; 1949-53; 1965-69), José Cayupi Catrilaf (1953-57) y Esteban Romero Sandoval (1953-57).

Pese a esta apertura institucional y a la creciente participación política de dirigentes mapuche, la  relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche continuó marcada principalmente por demandas de acceso a tierras, particularmente en la zona actual del conflicto. Esto adquiere particular importancia durante los procesos de reforma agraria en los periodos de Frei-Montalva y Allende, y contra-reforma durante la dictadura militar. El año 1967, por ejemplo, comenzó un proceso gradual de expropiación en las zonas de Malleco y Cautín.

En un interesante trabajo de recopilación histórica, Martín Correa, Nancy Yáñez y Raúl Molin (2005), constataron la expropiación gradual de 67 predios de la zona, algunos de ellos a favor de las comunidades indígenas producto de la movilización de estas comunidades en Lumaco, Angol, Lautaro y Purén. Esta ola de expropiaciones a favor de las comunidades mapuche se aceleró en el gobierno de Allende.

En 1971 se creó la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas, dependiente del Instituto de Desarrollo Indígena. Esto permitió restituir tierras indígenas y expropiar fundos que habían sido reclamados por movilizaciones indígenas (Pidima y Temucuicui, entre ellos). Este trabajo de restitución fue borrado luego por la dictadura militar (la llamada contra-reforma).

Los autores mencionados anteriormente señalan que gran parte de los predios recuperados por las comunidades indígenas fueron nuevamente despojados y devueltos a quienes reclamaron ser “antiguos propietarios”. Esta devolución fue mucho más intensa en zonas como Ercilla, Lautaro, Collipulli y Lumaco que en otras zonas de la región y el país. Nuevamente, estos eventos contribuyeron nuevamente a reforzar el conflicto histórico.

En el marco de la transición a la democracia, el Pacto de Nueva Imperial y la creación de la Conadi renovaron la larga tradición de negociación entre las autoridades nacionales y las comunidades mapuche para la canalización institucional del conflicto entre ambas partes. Sin embargo, estas negociaciones y arreglos institucionales no fueron exitosos en acomodar parte importante de las demandas mapuche y en generar una paz permanente.

Represión, resistencia y reforzamiento del conflicto

La secuencia de eventos que acabamos de relatar sugiere que el conflicto recurre permanentemente en zonas específicas del territorio. Como vimos, la distribución de los incidentes violentos en los últimos años se concentra principalmente en aquellas zonas en que los pueblos prehispánicos tuvieron una relación más intensa con los recursos naturales y donde tuvieron la oportunidad de asentarse gracias a las características de esos territorios.

Es precisamente esa historia larga de relación de los mapuche con la tierra la que no ha podido ser borrada por los diferentes actores que han demandado soberanía o usufructo sobre esos territorios. Es más, a pesar de cuatro siglos de hitos históricos que pautearon el enfrentamiento y la negociación entre las autoridades coloniales, el Estado chileno y la etnia mapuche, lo que vuelve a emerger, una y otra vez, es la resistencia ante la usurpación de dichos territorios ancestrales.

No parece entonces coincidencia que el incendio a tres camiones pertenecientes a la Forestal Arauco el año 1997, que dio origen a la reciente secuencia conflictiva entre el Estado y el pueblo mapuche, haya ocurrido en la zona de Lumaco. Ese territorio es el mismo que culturalmente mantiene con más fuerza las tradiciones y rituales y, por tanto, es aquel en donde la historia larga se encuentra más viva.

Mediante un análisis sucinto de los resultados de la encuesta mapuche que el año 2016 desarrolló el Centro de Estudios Públicos (CEP), se puede comprobar que el porcentaje de personas auto identificadas como mapuche que señalaron participar “frecuentemente” o “a veces” en rituales como el ngillatún o machitún, es 12% mayor en las zonas donde el conflicto es hoy más prevalente. La mayor participación en prácticas culturales como estas en la zona relacionada al conflicto parece ser crucial para mantener vigente la historia del pueblo mapuche a través de las generaciones y, consecuentemente, reforzar la resistencia.

La interacción entre formas organizativas más fuertes por parte de las comunidades mapuche, que mantienen la cultura e historia vigente, y el accionar del Estado caracterizado por la imposición de directrices estatales de seguridad, muchas veces de manera violenta, es la que ha contribuido a reforzar la secuencia conflictiva. En efecto, distintos informes han denunciado que el despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado se concentra en forma desmedida en las zonas más conflictivas de la región. Allí, esas fuerzas operan con retenes permanentes ubicados al interior de los fundos más frecuentemente asediados por el conflicto. En esos lugares, múltiples fuentes han denunciado asedios y allanamientos al interior de las comunidades e, incluso, en  las escuelas.

Con el objetivo de evaluar esta hipótesis, realizamos una recopilación de las denuncias publicadas en el periódico Mapu-express, respecto a eventos de represión y asedio por parte de las fuerzas de orden. El siguiente mapa muestra la localización de los episodios de acción coercitiva del Estado y su intensidad. Nuevamente, la zona de Malleco es la más frecuentemente mencionada en las denuncias recopiladas, aunque recientemente se han integrado zonas como Cañete, Tirúa y Panguipulli.

 

Implicancias para el Plan Araucanía

La tierra forma la base del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche no solo por su capacidad productiva y las posibilidades económicas que brinda para superar la pobreza, sino que también por los lazos que posee con la historia de las comunidades que la habitan.

El Plan Araucanía apunta a lograr una mejoría sustancial en términos materiales, lo que sin duda responde a una necesidad apremiante de la Región de La Araucanía. Las medidas adicionales que incorpora el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, orientadas a impulsar la participación e inclusión en el sistema político, así como también el reconocimiento de los pueblos indígenas, van en la línea de una apertura institucional que, históricamente, ha contribuido a canalizar este conflicto de larga data de manera no violenta. Sin embargo, en el contexto actual pauteado por la retroalimentación entre políticas de represión y radicalización de un grupo de comunidades mapuche, sospechamos que nada de esto será suficiente. La tierra, esas tierras, han sido parte del problema, desde tiempos ancestrales. Y por lo mismo, deben ser parte de la solución.

 

Bibliografía

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C. ALberti y J.P. Luna son politólogos y académicos en la Universidad Católica de Chile,S. Toro M es politólogo y académico en la Universidad de Concepción. Publicado originalmente por CIPER (Chile), noviembre de 2018.