Entervista a Ariela Ruiz Caro, consultora de CEPAL en Perú y experta en las negociaciones comerciales de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), realizada en el marco del Seminario Internacional convocado por CLAES: “Integración y desarrollo sustentable. La nueva geografía de los recursos, la economía y el poder” que tuvo lugar el 14 y 15 de julio de 2005 en Montevideo, Uruguay. En esta oportunidad Ruiz Caro discurrió sobre el tratamiento de los recursos naturales en los Tratados de Libre Comercio (TLCs). Entrevista de Carolina Villalba.

En tu ponencia manifiestas que la negociación del TLC va a violar acuerdos en muchas áreas ¿podrías profundizar esta afirmación?

En primer lugar todavía no se ha logrado el acuerdo y hay muchas dificultades. Además, hay algunas áreas en las que la suscripción del TLC podría transgredir la normativa andina. Una de ellas podría ser la “propiedad intelectual”.

Los países andinos tienen la decisión 486 que rige el régimen común de propiedad intelectual, que quizás es uno de los más importantes caballitos de batalla de la Comunidad Andina. No es que sea un régimen especial en relación al régimen internacional de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sino que recoge esos principios que ya bastantes beneficios dan a la industria farmacéutica. Lo que buscan los TLCs es profundizar estas normas que ya se dieron en la OMC.

Entonces, por ejemplo, si se autorizase el uso de dobles patentes -con lo cual se amplía el plazo de las patentes a los medicamentos y a los agroquímicos- significaría una trasgresión a la normativa andina. Por esto Venezuela no lo va a firmar. En Bolivia hay sectores del gobierno que sí quieren autorizarlos, pero el problema es que EE.UU. considera que Bolivia no es un país con autoridad para contagiar a los demás, debido a la ley que se ha aprobado en el congreso sobre hidrocarburos en la que han incrementado las regalías. Entonces, ya se está generando un problema en el régimen de propiedad intelectual.

Otro tema es el de sanidad agropecuaria donde los países andinos tienen un régimen común y conforme van las negociaciones, hay incompatibilidades entre lo que quiere EE.UU. y la normativa vigente.

Estos son dos ejemplos de lo que podría ser transgredir la normativa de propiedad intelectual.

¿Cómo crees que lo anterior afectaría el desarrollo sustentable de estos países?

En los TLCs no hay ningún capítulo que trate directamente la gestión o la negociación de los recursos naturales, lo que sí hay son varios capítulos que atraviesan la gestión de los recursos naturales. Uno de ellos es el que refiere a inversiones extranjeras. En él, algunos países ya tienen las legislaciones que se vieron en los 90s con el Consenso de Washington; entonces lo que se trataría con el TLC es de convertirlas en un tratado internacional.

Otros países, como Colombia, no tienen tan avanzada la ley de inversiones extranjeras, como sí la tienen Perú, Argentina o Chile. En estas leyes de inversiones extranjeras se eliminan los requisitos de desempeño, al igual que en las inversiones en general. Un porcentaje importante de las inversiones extranjeras se destinan a los recursos naturales y no se establecen requisitos para la compra de insumos locales, o requisitos de reproducción de los recursos naturales; sino que es: producción libre, comercio libre, suministro libre.

Asimismo, todavía quedan empresas estatales de recursos naturales. En el caso particular andino todavía queda PETROPERU, también en Colombia la empresa petrolera es propiedad estatal. Se da la paradoja de que cuando compran insumos a los proveedores norteamericanos deben darles un “trato nacional”. Entonces, no se exigen requisitos para el desarrollo sostenible de los recursos naturales, pero además ni siquiera se busca favorecer a la pequeña empresa o a las empresas nacionales, con lo cual se produce una ruptura de los encadenamientos productivos.

En relación a la biodiversidad, en ninguno de los TLCs se ha reglamentado sobre el acceso a la biodiversidad. Los países andinos sí tienen una disposición de régimen a los recursos genéticos. Están buscando que en el TLC se recoja esta normativa de acceso a los recursos genéticos. En el polo opuesto, EE.UU. se resiste ya que ellos recogen muestras de la biodiversidad porque poseen la tecnología. Luego patentan un producto y nosotros tenemos que pagar las patentes o garantías y se desconoce la procedencia de esas características genéticas y los conocimientos ancestrales.

En los TLCs no hay ninguna preocupación de EE.UU. por reglamentar eso. Este principio sí está reconocido en el Convenio de Diversidad Biológica de 1992, que ha sido ratificado por 180 países. EE.UU. lo ha firmado pero no lo ha ratificado.

Este es uno de los ejes de discrepancia entre los países andinos que sí están reivindicando este derecho: que se recoja la normativa andina sobre acceso a recursos genéticos.

¿Cómo afecta la crisis política de Ecuador la negociación del TLC?

Yo creo que Ecuador luego de que asumió el vicepresidente tiene una posición más firme respecto a las negociaciones. Muchos funcionarios del gobierno no descartan la posibilidad de un referéndum y hablan de excluir el tema de propiedad intelectual, sobre todo en lo que respecta a medicamentos. Es decir, el tema de ampliar los plazos de datos de prueba, en la práctica es un incremento a las patentes.

A esto se opone tajantemente Ecuador, pero habría que ver hasta qué punto pueden sostener esta postura. De todos modos este cambio político en Ecuador y la nueva posición que tiene el país: ahora no busca firmar el acuerdo a como de lugar, genera un impacto positivo en los sectores que se oponen al libre comercio en Perú y en Colombia. Resurge la discusión, porque el TLC es difundido en sus bondades pero no en sus costos, y evidentemente tiene costos. Entonces, las declaraciones del nuevo gobierno hacen repensar a la sociedad andina y de hecho los índices de aprobación al TLC han descendido significativamente. Se cuestiona más y se difunden más los costos.

En ese sentido, yo creo que Ecuador podría dar marcha atrás si EE.UU. no sede a su propuesta agrícola, por ejemplo de la misma forma en que lo hizo Panamá. Esto refleja, en alguna medida un agotamiento de la estrategia de negociar de EE.UU. No es que los andinos sean especialmente brillantes, sino que ya se ha visto en los casos de México y Chile, donde los temas sensibles que son básicamente la cuestión agrícola, medidas sanitarias y fitosanitarias y el régimen de propiedad intelectual, se han dejado para el final.
C. Villalba es economista, analista de D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad – América Latina).