por Eduardo Gudynas – El actual embate a favor de la energía nuclear que se vive en algunos países de América del Sur avanza aprovechando espacios políticos débiles y deteriorados. Los promotores de la energía nuclear han logrado el apoyo de empresarios, académicos, sindicalistas y hasta de los gobiernos que se definen como de izquierda o progresistas. Los ámbitos de discusión política se han debilitado y parecen incapaces de asegurar las condiciones necesarias para debatir seria y abiertamente los riesgos de la energía nuclear. Esto sucede a pesar de que si bien casi todos proclaman la derrota del neoliberalismo, el regreso de los nuclearistas está empapado en una lógica mercantil propia del neoliberalismo y un reforzamiento del viejo paradigma del desarrollo material.
La razón económica prevalece como el argumento central para justificar la instalación y ampliación de centrales nucleares en Brasil, Argentina y Uruguay. Es una evaluación económica típicamente neoliberal ya que, por un lado, está más interesada en aumentar el suministro de energía que en discutir los usos de esa energía; y por otro lado, es una contabilidad incompleta en tanto no incorpora los costos sociales y ambientales de las centrales nucleares. Cualquiera de esos dos factores están en contradicción con las declaraciones de los nuevos gobiernos progresistas, los que han insistido en salirse de la estrecha perspectiva de la economía neoliberal y en enfocar en especial los aspectos sociales.
Centrales nucleares por izquierda y derecha
Posiblemente el primer síntoma de que las cosas no estaban funcionando bien en la discusión política sobre la energía ocurrió con el nuevo gobierno de Lula da Silva en Brasil. Allí se reflotaron los proyectos de grandes represas para generación hidroeléctrica, no se mejoró sustancialmente la eficiencia en el uso de la energía, y por si fuera poco, se retomó el programa nuclear, incluyendo el procesamiento de uranio como combustible de los reactores. Entretanto en Argentina, el gobierno, sindicatos y empresarios festejaban la venta de un reactor nuclear a Australia como muestra de un gran éxito tecnológico y comercial, a pesar de haber aceptado la dramática exigencia de recibir de regreso la basura radioactiva generada por ese reactor. Semanas atrás el gobierno de Néstor Kirchner anunció que relanza su programa nuclear: completará la tercera central nuclear y construirá una cuarta planta. Finalmente, en Uruguay los sectores políticos conservadores insisten instalar un programa nuclear, y el actual gobierno de izquierda del Frente Amplio aparece dividido ante ese tema, donde hay varios sectores que coquetean con la idea de la energía nuclear.
Tanto por derecha como por izquierda está renaciendo el sueño de la energía nuclear. Fue suficiente que el barril del petróleo subiera de precio o que el agua escaseara en las represas para que se volviera a los simples cálculos contables para defender la obtención de electricidad desde centrales nucleares. Las diferencias ideológicas se disuelven, y todas esas corrientes parecen disfrutar del sueño de los átomos atrapados que asegurarán un paraíso energético. Pero justamente esa defensa que se hace desde izquierda y derecha deja en evidencia las serias limitaciones de la cultura política latinoamericana actual para abordar temas complejos como la energía nuclear. A mi modo de ver esas limitaciones son tan serias que parecen indicar que los ámbitos políticos actuales son incapaces de enfrentar a los nuclearistas.
¿Qué está sucediendo con nuestros espacios políticos? En primer lugar, la dinámica política prevaleciente mira esencialmente el corto plazo. Los ojos están puestos en el actual período de gobierno; las esperanzas miran a la próxima elección. Intentar ver más allá de cinco años se hace muy difícil, y entonces se termina desatendiendo a aquellos que alertan sobre basuras nucleares que perdurarán por miles de años. Se quieren los beneficios nucleares ya, y parece imposible pensar sobre el futuro a largo plazo.
En segundo lugar, la política tradicional sigue ensimismada con los análisis económicos, en especial la rentabilidad económica bajo evaluaciones simplistas donde se comparan los costos con los beneficios posibles. Sus cuentas casi siempre favorecen la opción nuclear, simplemente porque los costos no incorporan cuestiones claves como los aspectos ambientales o la gestión del riesgo. Se compara entonces unos costos y unos beneficios que están pobremente calculados y que dejan muchas preguntas sin responder: ¿dónde están los análisis de los costos del manejo de los desperdicios nucleares durante miles de años? ¿cuáles son las evaluaciones económicas del uso de enormes cantidades de agua en los reactores? ¿quiénes están analizando el mercado futuro del uranio –un combustible más escaso que el petróleo? Como estas cuestiones no se discuten, el embate atómico despoja la política insistiendo que todo es cuestión de un análisis económico.
En tercer lugar, todo esto deja al desnudo las dificultades de la izquierda gobernante en generar un programa económico alternativo. Como esa alternativa no está a la mano, la gestión económica se ha vuelto tradicional, basada en medidas tradicionales como el agronegocio exportador. Y ahora se le suma la energía nuclear.
Cuando se cuestionan estos análisis se responde con un discurso político simplista. Unos invocan slogans como la “soberanía” energética, el “progreso” tecnológico, la urgencia de evitar el “atraso”, y así sucesivamente. Otros reclaman más energía como ingrediente esencial para el crecimiento económico. Finalmente, no falta quienes juegan con la idea de la seguridad y el control policíaco para evitar abordar estas cuestiones.
Un problema con la cultura política
Bajo esta dinámica política no se logran organizar debates serios y sostenidos sobre los aspectos positivos o negativos de la energía nuclear. Más allá de los problemas con los actuales gobiernos, también debemos reconocer que los movimientos sociales están inmersos en esa misma cultura política y quedan atrapados en dificultades similares. Los nuclearistas han ganado el apoyo de varios sindicatos, donde todos juntos marchan detrás de la bandera del crecimiento económico y el progreso; parece ser que bastaría tener una fuente de trabajo, aunque ella sea en una de las industrias de mayor riesgo como la nuclear.
Los nuevos movimientos sociales y en especial los ambientalistas se enfrentan entonces a enormes barreras culturales cuando advierten sobre los riesgos del sector nuclear. Todas sus alertas y preguntas son tomadas como ataques a la posibilidad del desarrollo futuro, desacreditándolos como grupos atrasados que defienden un regreso a la edad de piedra.
El ámbito académico por lo general tampoco no auxilia a los nuevos movimientos sociales. Por el contrario, muchos de sus actores, como destacados ingenieros y expertos son entusiastas defensores. Incluso desvirtúan las advertencias ecologistas: hay más de un universitario nuclearista que defiende los reactores afirmando que son una “solución” al problema ambiental del cambio climático ya que sus emisiones de gases contaminantes son muy bajas. Ese razonamiento demuestra la incapacidad para una evaluación multidisciplinaria ya que nada se dice sobre los enormes impactos ambientales negativos de los residuos radioactivos o del uso del agua. Una vez más falla la política latinoamericana: no logra superar las limitaciones de la ciencia tradicional dividida en compartimientos estancos, separados uno de otros, donde el ingeniero no dialoga con el ecólogo.
Todos estos ejemplos muestran que el debate político se ha simplificado y hay muchas resistencia a las posturas novedosas y que ponen en entredicho el saber convencional. Muchos gobiernos actuales no sólo no está logrando desmontar esas limitaciones, sino que algunas de sus posturas refuerzan ese problema, como por ejemplo rechazar las opiniones divergentes al sentirse como representes únicos y legítimos de los sectores populares. Bajo esas premisas, el ambientalismo anti-nuclear sería un “lujo” de las sociedad ricas que nosotros, en la pobreza, no podemos darnos y debemos asumir el riesgo de esa industria –razonan estos políticos.
El problema del debilitamiento de los escenarios políticos tiene estrecha relación con la llamada “delegación democrática”, donde una vez que se ha votado un presidente, éste y su equipo se creen con el derecho de llevar adelante sus programas sin necesidad de consultar a nadie más. El parlamento pierde importancia, las intendencias son relegadas, y la participación ciudadana apenas se reduce a la información. Se invoca el diálogo pero se reniega la participación con aquellos que tienen otras miradas, y solo se mantienen relaciones con los que piensan como él (tal como ha sostenido un ministro del gobierno Kirchner).
De esta manera una y otra vez caemos en una política que tiene enormes dificultades en manejar decisiones complejas. No sabe cómo discutirlas, reniega de quienes piensan distinto, sufre enormes presiones económicas, su horizonte de tiempo son las próximas elecciones, y así, uno y otro factor, la hace prácticamente incapaz de enfrentar un problema como la energía nuclear. La prueba está a la vista: a pesar que la instalación de reactores nucleares es una decisión grave que envuelve a toda la sociedad, y lo hará por muchas generaciones, ninguno de los gobiernos del Cono Sur ha promovido un debate nacional. Dramática paradoja para gobiernos que se definen de izquierda, como progresistas y participativos.
Por el contrario, la autocomplacencia invocando las virtudes propias, y la insistencia en los sueños de un futuro brillante para cada uno de nuestros países, hacen que las ambiciones nucleares encajen perfectamente, y pasen a ser un elemento que poco a poco está siendo aceptado por la gente. Por supuesto que hay excepciones en esta dinámica, pero lo que interesa en esta nota es reconocer las grandes tendencias que se están operando en la región.
Esa tendencia es la de una política cada vez más débil y que corre el riesgo de no ser capaz de brindar las condiciones para enfrentar las propuestas nucleares. Ya no basta denunciar los efectos negativos de los reactores, el peligro de accidentes nucleares, el costo de esos emprendimientos y la generación de residuos. También debemos comprender que debemos generar los espacios políticos públicos para hacer posible esa discusión.
E. Gudynas es analista de información en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). Publicado en el semanario Peripecias Nº 12 el 30 de agosto 2006.