por Gonzalo Orellana. Para hacer una evaluación de lo que el gobierno anterior significó para el Ecuador, a casi un año de que haya dejado el poder, es necesario ver cómo fortaleció al Estado, cuánto respeto el imperio de la Ley y qué tanto se sometió a procesos de rendición de cuentas.

Para medir la calidad de la democracia ecuatoriana tras diez diez años de correísmo, es útil recurrir a Francis Fukuyama. El sociólogo estadounidense dice en en su ambicioso libro Instituciones Políticas y Decadencia Política que se necesitan tres elementos: un Estado fuerte, el imperio de la ley y la accountability, un concepto que resulta difícil de traducir —y explica parte del problema de las democracias de hispanoparlantes.

Con Estado fuerte se refiere a un estado capaz de cumplir con sus obligaciones: garantizar las libertades individuales, defender las fronteras, mantener un entorno económico favorable, entre otras. El imperio de la ley implica la existencia de un sistema de justicia en el que todos los ciudadanos son tratados igualmente y la existencia de reglas que aplican a todos —incluyendo a quienes gobiernan. Con accountability (que se podría traducir vagamente como responsabilidad) se refiere a que el Estado —y sus funcionarios— respondan por sus acciones a los ciudadanos.

En la década pasada, el correísmo promovió mucho, el primer elemento; los otros dos, muy poco. Durante sus 10 años de gobierno se extendió la capacidad estatal de dotar servicios como Educación, Salud y Seguridad. Al mismo tiempo, reguló —en algunos casos, de manera excesiva— a sectores como medios de comunicación, organizaciones sociales, agencias de cooperación internacional, entre otras.

Para entender si el Estado se fortaleció en la década pasada, revisemos cifras de dos sectores trascendentales: Educación y Salud.

En 2006 (el más antiguo que encontré en la web del Ministerio de Educación) el 24% de los colegios en Ecuador eran privados y el 25% de los estudiantes del país asistían a dichos colegios.Para el periodo 2016-2017, ese porcentaje había caído: el 19% de los alumnos van a colegios privados, que representan el 18% del total de escuelas y colegios ecuatorianos.

Todo esto en un periodo en el que el número de alumnos enrolados en el sistema educativo (público más privado) no ha parado de crecer: en 2016-2017 existían casi 4 millones 700 mil alumnos, versus los 3 millones y medio de 2006). El nivel de escolaridad en el Ecuador pasó del 92% en el 2007 al 97% en 2017 en educación básica; en bachillerato, pasó del 73% en 2006 al 92% en 2017.

¿Hay alguna evidencia de mejoras en la calidad de la educación pública? En el índice de Competitividad del Foro Económico Mundial Ecuador escaló varias posiciones desde el 2008 hasta el 2016 en las categorías relacionadas con calidad de la educación, aunque desde posiciones muy bajas, como se puede ver en la siguiente tabla.

Ahora miremos lo que sucedió en Salud. Entre 2005 y 2015, el porcentaje de hospitales públicos pasó del 80% a 84% del total de centros médicos. Por el contrario, el número de hospitales y clínicas privadas bajo de 789 a 661. En esa década, el número de atenciones médicas anuales en la red de salud pública no ha hecho más que crecer: desde 16 millones en 2006 hasta 44 millones en 2015, según el Ministerio de Salud Pública.

Dos de los servicios más importantes que un Estado debe proveer a los ciudadanos aumentaron en la década del correísmo. Digamos que en la materia Estado fuerte, el correísmo aprobó. Sin embargo, en la asignatura del imperio de la ley, los diez años de correísmo reprueban.

La constante búsqueda de Correa de judicializar la política, a través de juicios a periodistas, medios de comunicación, políticos de oposición (o cualquiera que denunciara casos de corrupción) son muestras de que el expresidente entendía que la Ley y el sistema judicial estaban para servirle.

En una democracia madura, las diferencia se resuelven mediante debate y las acusaciones se aceptan o niegan después de que las instituciones las investigan. El solo hecho de que un Presidente en funciones enjuicie a otro ciudadano se puede entender como una presión al sistema judicial: es difícil para cualquier juez olvidarse de la idea de que fallar en contra del gobierno puede significar el fin de su carrera.

El caso de diario El Universo y su desproporcionada sentencia de 40 millones (y la rapidez con la que el juez la dictó) es uno de los puntos más bajos de la presión del Ejecutivo al sistema judicial, pero no fue el único: los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón recibieron una sentencia de 15 millones de dólares por decir en su libro El Gran Hermano, que Correa conocía de los negocios de su hermano con el Estado. Correa, además, increpó públicamente a un creador de memes llamado Crudo Ecuador, y el asunto terminó ridiculizado a nivel internacional cuando el comediante John Oliver lo convirtió en un segmento de su programa Last Week Tonight.

La criminalización de la protesta, la disolución de ONGs que le parecían amenazas —como la fundación Pachamama o Fundamedios—, la descalificación de las firmas recogidas por el movimiento Yasunidos para llevar a consulta la explotación petrolera en el parque nacional Yasuní, son casos icónicos de una larga lista de ataques contra el imperio de la ley que recordaban aquella frase atribuída a varios autócratas latinoamericanos: para mis amigos, todo, para mis enemigos, la ley.

La principal forma de accountability que existe en una democracia son las elecciones libres y justas: es la forma más efectiva del mandante de castigar la mala gestión de un partido político en el poder.

La existencia de límites al número de mandatos es otra forma de limitar el poder que una persona puede llegar a acumular. Que un político el poder busque cambiar las reglas de juego para eliminar ese límite es —por definición— un político que no entiende (o no quiere entender) el juego democrático. En 2015, Correa promovió la eliminación de la reelección indefinida —y lo hizo sin convocar a Consulta popular, algo que muchos constitucionalistas consideraban una violación de los procedimientos establecidos en la Constitución.

La forma más vergonzosa de irrespetar la responsabilidad de los gobernantes hacia los gobernados es la corrupción, que no es otra cosa el apropiamiento de lo público para beneficio de quienes ostentan el poder.

Glas. Pólit. Capaya. Espinel. Mosquera. González. Cientos de millones de dólares del Estado (muchas veces adquiridos con deuda) terminaron en bolsillos privados por corruptelas que Correa no tuvo empacho en negar minimizándolas a la categoría de “acuerdos entre privados”.

Estas son las muestras del más claro desprecio por la accountability, que no es otra cosa que un profundo desprecio de una buena parte de quienes gobernaron durante los pasados diez años hacia sus electores y hacia las instituciones que debían servir. Un desprecio que se ha camuflado bajo la triste excusa de que se mejoró la capacidad del Estado para proveer servicios básicos.

Es una pésima lección para los jóvenes que quieran gobernar en el futuro: para tener un Estado fuerte hay que prescindir de la accountability.

El Ecuador heredado de Correa es un país con un estado con mayor capacidad de actuación, aunque con excesiva presencia en ciertos sectores de la sociedad. La consulta popular de febrero de 2018 es un paso en la dirección correcta en cuanto a mejorar la calidad democrática: reinstaurando el límite al número de mandatos y extendiéndolos a los gobiernos locales, planteando consecuencias más duras a quien están involucrados en actos de corrupción y permitiendo el nombramiento de nuevas autoridades que no respondan al gobierno saliente.

Fukuyama menciona otros dos aspectos necesarios para consolidar una democracia: el crecimiento económico y la movilización social. El modelo correista perjudicaba al primero y castigaba el segundo, y eso explica —en parte— por qué Correa fue perdiendo apoyo.

Una democracia es un proceso que se construye continuamente y que requiere de la combinación de varios elementos, sin garantías de que una vez conseguida no se pueda perder. El gobierno de Rafael Correa atacó algunos de los cimientos de cualquier democracia: alternabilidad, división de poderes, participación ciudadana.

Lo hizo pregonando la necesidad de fortalecer el Estado y mejorar los servicios públicos, cuando en el fondo lo que se buscaba era implementar un modelo autoritario y corrupto.
Gonzalo Orellana (Ecuador, 1981) Economista, apasionado por las ciudades y lo bien que le hacen a la gente. Ciudadano del mundo, aunque irremediablemente ecuatoriano. Vive en Londres con una argentina y un inglés de cuatro patas.

Gonzalo Orellana (Ecuador, 1981), economista, apasionado por las ciudades y lo bien que le hacen a la gente. Ciudadano del mundo, aunque irremediablemente ecuatoriano. Vive en Londres con una argentina y un inglés de cuatro patas. Publicado originalmente en el portal GK City (Ecuador).