por Sanna Stockstrom – La sesión extraordinaria del congreso nacional que se realizó en la noche del 8 de marzo, y que apenas duró una hora, ratificó a Carlos Mesa como presidente. Allí se anunció la firma de un pacto nacional entre la mayoría de los partidos políticos representados en el congreso y el poder ejecutivo.

Ese acuerdo fue una condición de Mesa para permanecer como presidente, invocando su necesidad para asegurar la gobernabilidad del país, y fue producto de largas negociaciones que se celebraban en la sede del Banco Central de la Nación. Lo que el presidente no había logrado en meses de su gestión gubernamental, lo consiguió en seis horas: primero, el acercamiento entre el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo – recordamos que las relaciones entre los dos habían sido muy conflictivas – con el compromiso de trabajar “hombro a hombro” en el futuro; y segundo, la reafirmación de la agenda nacional que tiene como temas centrales la pronta ratificación de una ley de hidrocarburos “razonable”, la convocación de una Asamblea Constituyente, la convocatoria a un referéndum sobre autonomías regionales junto a la elección de prefectos, y, finalmente, la creación de un gran pacto nacional contra los “bloqueo” de caminos y vías de acceso.

Con ese acuerdo, Mesa logró salvar – una vez más – su presidencia. Pero un examen más atendo indica que el compromiso no garantiza la paz social porque excluye a dos partidos claves en los dos temas más importantes de la agenda política (ley de hidrocarburos y Asamblea Constituyente). Esos partidos, el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), representan distintos movimientos sociales, que a su vez están conformados por la mayoría indígena y que desempeñaron papeles muy importantes en la llamada “guerra del gas” de 2003 así como en el llamado a una Constituyente. Voceros de esos partido ya han adelantado que junto a los movimientos sociales no van a permitir que los sectores que controlan el poder determinen el destino de la nación.

El descontento del MAS, liderado por Evo Morales, se concentra en tres puntos: la propuesta gubernamental de una ley de hidrocarburos “razonable”, una agenda mínima que forma parte del acto y la prohibición de los bloqueos. En cuanto a la ley de hidrocarburos, el MAS ha cuestionado varios puntos: consideró injusto que el presidente atacara la ley de hidrocarburos ratificada la semana pasada en el congreso, como la ley “inviable del MAS”, siendo esta en realidad un producto de la comisión mixta del parlamento en la cual participaron todos los partidos. A juicio de ese partido, modificar la ley significaría imponer una norma “a gusto” del presidente contrariando la independencia de poderes.

El presidente Mesa ha indicado su descontento con varios puntos, como el traspaso obligatorio de los contratos desde la vieja normativa a las nuevas condiciones, la refundación de la empresa estatal de petróleo, la posibilidad de vetar las exploraciones petroleras por las comunidades indígenas o los controles ambientales. En el nuevo pacto nacional que logró Mesa indirectamente se anulan esos componentes.

El mayor disenso existe en cuanto al porcentaje de impuestos y regalías que se deberían imponer a las empresas transnacionales petroleras. El gobierno quiere mantener las regalías en un 18%, como definió la ley de Gonzalo Sánchez de Lozada, y añadir a esta regalía una mezcla de varios impuestos que podrían sumar hasta un 32% en campos petroleros grandes, mientras en sitios pequeños podrían ser más bajos. En el mejor de los casos se podría llegar entonces, con esta propuesta gubernamental, a 50% de regalías e impuestos recaudados. El MAS critica duramente esta propuesta, reclamando que la mayoría de los impuestos que el gobierno pretende establecer pueden ser descontados por las empresas apelando a ciertos vacíos normativos; por lo tanto la imposición real sería de 26 a 32 %. Para evitar fraudes fiscales, el MAS propone simplificar el sistema de impuestos y recaudar únicamente 50% de regalías a la producción petrolera. El MIP va más allá y sugiere recaudar un 70%. El gobierno no tomó en consideración la propuesta del MIP y rechazó la propuesta del MAS por considerar que “espantaría la inversión extranjera a través de impuestos y regalías que inviabilizan la rentabilidad de las inversiones en los campos gasiferos”.

En la visión del MAS esa posturas son una continuación de las políticas neoliberales del anterior gobierno de Sánchez de Losada, continuadas en este momento por Mesa. Esto fue un factor clave en determinar que la alianza entre el presidente y Evo Morales se rompiera. Por otro lado, las nuevas medidas hacia las que apunta Mesa, indican que ahora se inclinará más hacia la derecha (en especial su acercamiento con H. Vaca Diez, presidente de la Cámera de Senadores, conocido representante de los empresarios del Oriente y la “oligarquía conservadora”).

Ese acercamiento de Mesa con los sectores conservadores tampoco asegura soluciones a los problemas actuales. Todo lo contrario: el país se podría dividir todavía más, oponiendo ahora a los seguidores de Mesa contra los de Morales.

Tampoco ha existido un claro consenso sobre el pacto entre los partidos tradicionales, y algunos diputados del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) no firmaron el acto del pacto. También se conocieron críticas de la Comisión de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo y la Iglesia Católica, tres instituciones que gozan de buena reputación en la sociedad boliviana.

Círculos progresistas entienden la renuncia de Carlos Mesa como una maniobra política para poner a “Evo Morales, el MAS y los movimientos con la espalda contra la pared” y aislarlo del escenario político nacional. El énfasis del acuerdo en ser un “pacto contra los bloqueos” permite interpretarlos como una violación de la Constitución de Estado y por eso, como un delito público. Bajo esta nueva visión legal, en la mañana del miércoles 9 de marzo, fueron detenidos 84 transportistas que bloqueaban carreteras próximas a Santa Cruz de la Sierra. Los movimientos de base considerar que los bloques son su única medida de presión, y por lo tanto estiman que estas nuevas medidas apuntan a “deshacerse una vez más de los movimientos sociales y de las demandas de los más pobres” – tal como manifestaron algunos dirigentes. Además, en un discurso brindado ante el congreso, Mesa presentó la novedad de convocar a la ciudadanía a manifestarse al mediodía del jueves 10 de marzo contra los bloqueos –otra movida arriesgada, buscando potenciar el apoyo ciudadano que ha recibido en los últimos días pero que puede profundizar la tensión.

Entretanto, la Central Obrera Bolivia, el MAS y otros sindicatos junto con varios movimientos sociales firmaron un “pacto antioligárquico”, presagiando un mayor enfrentamiento al volver a convocar al “Estado Mayor del Pueblo” como forma de institucionalizar la lucha de los movimientos sociales contra los autoridades. Recordemos que el último Estado Mayor del Pueblo terminó en la guerra de gas y la expulsión del gobierno Sánchez de Lozada. Esta última jugada de Carlos Mesa no promete reconciliar el país por mucho tiempo. Persisten los bloqueos en el Chapare y en El Alto. Aumentó la brecha entre algunos movimientos sociales y la clase política tradicional.

La crisis en Bolivia apenas tiene un respiro y no está claro cómo se desenvolverán los hechos en los próximos días. El presidente ha conseguido un mayor respaldo, pero las decisiones más recientes no han sido transparentes y en buena medida evitaron el debate público en el congreso. Por lo tanto no están claras las presiones ni los argumentos que se usaron para llegar al nuevo pacto nacional. La estabilidad política en Bolivia sigue siendo frágil, y todavía provisoria.

S. Sotockstrom es analista de D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad – América Latina) residente en La Paz (Bolivia).