por Eduardo Gudynas – Un repaso a la situación continental muestra que las ONGs son atacadas tanto por gobiernos conservadores como progresistas. El problema es que el progresismo nos puede dejar una sociedad sin ONGs, lo que siempre fue el sueño de los conservadores. El debate sobre el papel de esas organizaciones ciudadanas está sacudiendo particularmente a Bolivia. Es sin duda un tema de enorme importancia, y vale la pena no caer en simplificaciones y avanzar en un análisis más riguroso. Una mirada conceptual y regional es particularmente útil para esa tarea. Les comparto un artículo sobre estas cuestiones publicado en el suplemento Ideas, del periódico Página Siete (La Paz).

El ataque contra las ONGs por sus alertas sobre los impactos de los extractivismos se repite en varios países. Por ejemplo, pocas semanas atrás, en Perú, un canal de información ultraconservador, donde participan periodistas también conservadores, señala que las alertas sobre los impactos de la minería y las propuestas de salida de los extractivismos, eran un “complot” contra el desarrollo del país. Los cuestionamientos oficiales en Bolivia provienen, en cambio, de un gobierno progresista. En los dos casos los razonamientos y calificativos son similares, tales como decir que esas organizaciones sirven a intereses extranjeros, sus informes no son certeros, etc. Todos esos argumentos son, en el fondo, distintas vías para señalar supuestos impedimentos al desarrollo.

Política y encauzamiento

¿Qué nos dicen estas situaciones? Que la arremetida contra las ONGs no está predeterminada ideológicamente. Tanto progresistas como conservadoras intentan acallarlas. Las advertencias técnicas de las ONGs, por ejemplo, sobre los riesgos de contaminación de la explotación petrolera en bosques, son tildadas en un país como propia de una rabiosa izquierda, pero en la nación vecina se dice que representan al capitalismo imperial. Esto deja muy en claro que las verdaderas razones no son políticas.

No encuentro mucha rigurosidad en cuestionar unas ONGs por ser “trostkistas verdes”, ya que sería una buena cosa que esa corriente política se actualizara y asumiera la importancia de una agenda ambiental, ni en insistir que hay leninistas que siguen siendo grises por no entender mucho de la Naturaleza o del mundo indígena. Eso es un debate que nos atrasa a un siglo atrás, corriendo el riesgo de confundir a campesinos andinos con mujiks y al ayllu con un koljós.

Es que el examen internacional muestra que en el fondo del asunto no están tanto las disquisiciones sobre qué o cómo se hace política ciudadana, sino intentos gubernamentales de proteger extractivismos, la llegada de inversores o la salida de exportaciones. Eso es muy evidente en el caso de la rara virulencia que tiene los gobiernos contra las ONGs que presentan mapas, simples cartas donde se superponen los bloques petroleros sobre las áreas protegidas o territorios indígenas. Los mapas no son armas ideológicas políticas, pero sí desnudan los avances e impactos potenciales de las estrategias exportadoras de materias primas que se repiten en todo el continente.

Las organizaciones ciudadanas deberían ser fiscalizadas como cualquier otra entidad, y si incurren en delitos, pueden ser juzgadas y sancionadas por la justicia civil o penal. En cambio, encontramos que gobiernos de derecha o progresistas están creando un entramado jurídico aparte, restrictivo y con condicionantes que pueden usarse luego para imponer clausuras. ¿De dónde salió esta moda? Hasta donde puede verse las primeras experiencias de este tipo las lanzó Vladimir Putin en Rusia, apuntando específicamente contra las ONGs en derechos humanos y libertad política. Es difícil saber si las están copiando en América Latina.

Algunos de esos nuevos controles violan libertades constitucionales básicas, tal como ha sido expresado por defensores de los derechos humanos. Se llega a una situación donde a una organización no se la clausura o expulsa (una medida antipática para quienes se dicen progresistas), pero se las limita y asfixia por otras vías (como puede ser trabando su trabajo con los bancos). Es como si un gobierno enemistado con los zapateros en lugar de prohibirlos, les impidiera tener cuentas en un banco para comprar insumos, o si se peleara con los médicos, para castigarlos impediría que receten medicamentos a los enfermos.

La situación es grave porque la mirada internacional muestra que después del control sobre las ONGs ciudadanas, vendrá el encauzamiento sobre sindicatos y otras asociaciones.

El legado político

Es bien sabido que a los gobiernos y partidos conservadores no les gustaban las ONGs. Las combatían a veces por convicción ideológica, ya que consideran que las cuestiones sociales se debían dirimir en los mercados, y por lo tanto no tenía sentido que ese tipo de organizanes, ya que en muchos casos lo que hacen es una política no partidaria.

Pero la situación bajo los progresismo es mucho más complicada, y por momentos más triste. Recordemos que izquierda y progresismo son dos regímenes políticos distintos, y justamente aquí se evidencia esa divergencia. La izquierda siempre alentó vivir la política en toda su plenitud, que la sociedad se organizara de todas las maneras posibles, que se autoconvocara, se informara y opinara sobre todos los temas nacionales. Apuntaba a un sociedad repleta de ONGs en muy diversos temas, como salud, educación, vivienda, ambiente, etc.

Bajo el progresismo la situación es distinta. Comenzaron a limitar la vida política ciudadana, restringiéndola a la esfera partidaria, y a los actos electorales. Algunos gobernantes comenzaron a usar la frase “usted hace política”, pero en un tono amenazador. Se empuja hacia una situación donde “la política” aceptable es sólo aquella alineada con los programas gubernamentales. Y de allí se avanzó sobre las ONGs, haciendo que muchas de ellas se convirtieran agencias tercerizadas para ejecutar programas estatales o meras proveedoras de consultorías. Las otras, las que seguían con sus voces independientes, son los que ahora sufren todo el peso de los gobiernos progresistas.

Es aquí donde aparece esa triste consecuencia. El progresismo busca crear sociedades carentes de ONGs. Y ese fue siempre el sueño de la derecha, arribar a un mundo sin grupos ciudadanos organizados o políticamente activos. Ante el visible agotamiento del programa político progresista en varios países, si allí retornaran gobiernos conservadores, serían todavía más fuertes que en el pasado, ya que no estarían las ONGs y la sociedad civil estaría más debilitada.

En cambio, la reconstrucción de un programa político desde la izquierda impone respetar a todos los ciudadanos, a sus capacidades de organización en sus ONGs, y salvaguardarlas. Incluso a aquellas que piensan distinto a cada uno de nosotros.

E. Gudynas es investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).

Publicado en Ideas, Página Siete, La Paz (Bolivia), 23 agosto 2015, aquí …