México: el desafuero de López Obrador

por Patricia P. Gainza – Hace once meses que el gobierno federal mexicano inició este proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, el regente de la ciudad de México, y presidenciable del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD). Los primeros días de abril, la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados aprobó por tres votos (a partir del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobernante Partido de Acción Nacional ( PAN) contra uno (PRD) el dictamen que recomendaba el inicio del juicio de desafuero. Ahora fue la Cámara de Diputados Nacional en pleno, la que votó la pérdida de la inmunidad constitucional del regente de la ciudad, por 360 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones.

Ese proceso fue iniciado por la Procuraduría General de la República (PGR), invocando el desacato judicial. López Obrador, el carismático dirigente del PRD, es acusado de no haber detenido las obras de construcción de una calle de cien metros que atraviesa un predio llamado El Encino (Santa Fé), para conectar un hospital con una carretera. El regente afirma que sí atendió la orden y que de ello existen varias constancias además de la clara evidencia de que el camino no fue construido en el terreno en disputa.

Lo que en principio aparece como una simple discordia, se ha sobredimensionado debido a que López Obrador no sólo perdió su fuero, sino que puede ser destituido de su cargo, y enfrentar un juicio y eventualmente ser encarcelado. Si es sentenciado no podrá ser el próximo candidato del PRD a la presidencia de México. Lo que está en juego en realidad es abrir el camino al desafuero de López Obrador para impedir su candidatura presidencial.

Desde hace dos años López Obrador ocupa el primer lugar en las preferencias para las elecciones presidenciales de julio de 2006. Eso se ha mantenido así incluso luego de las denuncias de corrupción y actos ilegales, conocidos como los video-escándalos, que rondaron a varios de sus colaboradores más cercanos, como su ex Secretario Particular René Bejarano, el Secretario de Finanzas de la Ciudad, Gustavo Ponce, y la presidenta del PRD, Rosario Robles. Si bien su respaldo ciudadano bajó, esta diferencia fue mínima. López Obrador demostró que no tenía nada que ver en las triquiñuelas de sus dependientes, dejando estos serios hechos de corrupción en un segundo plano y la oposición no pudo demostrar tal relación. Los casos se redujeron a la idea de que el regente es honesto, pero se rodeó de la gente equivocada, aunque es evidente que no se reflexionó mucho más acerca de la importancia y la responsabilidad que tiene cualquier mandatario en la elección de su equipo político.

En el “caso López Obrador” actúan las más altas autoridades gubernamentales, judiciales y partidarias de México. El presidente Vicente Fox, en una desafortunada declaración que no rinde honores a la separación de poderes, sostuvo que “desaforar a López Obrador … fue la decisión más dolorosa que tuve que tomar en el año 2004”. En ese camino el caso salió más allá del campo judicial y se mueve en el terreno político partidario.

El juicio por desafuero ha tenido fuertes efectos en la vida nacional mexicana. Los defensores de López Obrador afirman que están frente a una discriminación de la PGR, ya que en el país sólo han habido ocho casos de consignación de autoridades (todas de tercero o cuarto nivel) por violación de una suspensión definitiva, y en siete de los casos se negó la orden de aprehensión. Nunca antes se había registrado una petición de desafuero. Además, los juzgados están repletos de casos de desacato, incluidos al menos dos que involucran al actual presidente Fox. En estos casos, la postura de hecho del Poder Judicial es no proceder.

Por otra parte el Ombudsman (presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos), José Luis Soberanes, advirtió que el desafuero no procede, entre otras cosas, porque el Código Penal “no prevé pena para las supuestas violaciones a una suspensión” y que “estaríamos ante una situación de discriminación, porque en otros casos no se ha ejercitado acción penal a funcionarios públicos acusados de desacato”.

Los detractores, por su parte sostienen e insisten en que México es un país de instituciones y leyes, y que todos los que allí habiten deben defender el Estado de derecho y no atacarlo, porque eso lo debilita. Afirman que López Obrador ha ido contra un mandato judicial y que eso implica la aplicación irrestricta de la ley.

Este proceso tiene varios aspectos muy cuestionables. Primero, parece poco serio basarse en que el jefe del gobierno de la ciudad perderá sus fueros por no haber detenido la construcción de una calle; sería mucho más serio y sincero haberle iniciado un juicio por incapacidad para seleccionar su equipo de trabajo.  En segundo lugar, en un país con serios escándalos de corrupción irresueltos hasta el día de hoy –como el Fobaproa, Pemexgate, Amigos de Fox, los propios video-escándalos que vinculan a López Obrador–, una resolución de estas características atenta contra la seriedad de las autoridades. Por eso no sorprende que la opinión pública abona la teoría del complot donde la afirmación “del irrestricto cumplimiento de la ley” pasa a ser un instrumento de abuso de las autoridades. Esto implica un gran retroceso para la confianza de la ciudadanía en sus representantes, en los partidos políticos, en sus actuales autoridades y en el Poder Judicial, que sólo estimula el descontento popular con las instituciones democrática.

Por último, el Partido de Acción Nacional (PAN) debería de ser el gran defensor de las libertades democráticas, buscando eliminar todo tipo de práctica autoritaria o enrarecida; no sólo por ser el partido de gobierno y ser ese uno de sus deberes democráticos, sino por sus años de lucha contra el autoritarismo. Es necesario recordar que el propio Fox fue objeto de una maniobra política, cuando no pudo ser el candidato de su partido en las elecciones de 1994, debido a que en la reforma constitucional del sistema electoral se puso una cláusula temporal que lo inhabilitaba por ser hijo de españoles.

El PRD y el propio López Obrador han denunciado enérgicamente el proceso, concibiéndolo como una simple maniobra política. En su reciente presentación ante los diputados nacionales, López Obrador incluso arremetió contra el presidente Fox, denunciándolo de debilitar la “incipiente democracia” mexicana actuando de “manera facciosa, con el propósito de degradar las instituciones de la República”.

El 70% de la población mexicana está en contra del desafuero. La sociedad civil, los empresarios, la iglesia, los intelectuales e incluso las empresas financieras internacionales, han manifestado su desacuerdo con las estrategias seguidas por el gobierno mexicano en su obstinación por sacar a López Obrador de la carrera a “Los Pinos” (la residencia presidencial). El desafuero ha desencadena masivas manifestaciones de repudio. Es decir, la teoría de que el desafuero es un complot para evitar que el candidato del PRD gane las próximas elecciones es claramente más contundente que la idea del cumplimiento irrestricto de la ley que defiende el oficialismo.

De todas formas, las alternativas de López Obrador en su aventura hacia la candidatura presidencial no se acaban con el desafuero. Primero, podría suceder –aunque es poco probable– que si bien fuese enjuiciado sea declarado inocente antes de que se cumpla el plazo para presentar su candidatura en el 2006. Otra situación que se podría dar, es que el potencial candidato apele a la Carta Interamericana, en la cual se sostiene que a ningún ciudadano se le pueden quitar sus derechos políticos si no es sentenciado. Esto anularía –por haber sido ratificado por el senado– lo que afirma la ley mexicana: una persona que está presa no puede ser candidato a la Presidencia de la República. Buscaría que a pesar de su detención, si no está sentenciado, pueda ser postulado.

Asimismo afirma que en caso de ser encarcelado no saldría bajo fianza y permanecería dentro de su celda. Eso le daría mucha más popularidad de la obtenida hasta el momento y el efecto mediático que tendría sería demoledor para la vida democrática mexicana. En la eventualidad de que se dé esta situación, la responsabilidad del debilitamiento de las estructuras e instituciones políticas del país recaerá  absolutamente en las actuales autoridades, pero el daño irreversible ya estará hecho.

Se siga un camino u otro, lo cierto es que el proceso contra López Obrador ha desencadenado una fuerte ola de protestas sociales, deja un manto de sombra sobre la transición democrática y abre una vez más a las manipulaciones que condicionan la vida política del país. Si bien alguien podría sonreírse ante quienes justifican semejante crisis política invocando una calle de cien metros de largo, en realidad nadie puede celebrar que se juegue de esta manera con la democracia.

P. Peralta Gainza es analista de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad – América Latina).