El relator especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank William La Rue, anticipó que, en el informe que presentará en octubre próximo ante la Asamblea General de la ONU, pondrá el acento en «el derecho a la verdad» vinculado con el «derecho a pedir información pública de violaciones a los derechos humanos».
«El 25 de octubre presento un informe que es muy importante porque América Latina marcó una tendencia -y, dentro de América Latina, Argentina y Guatemala- que es sobre el derecho a la verdad de las víctimas como un vínculo al derecho de acceso a la información, que es parte de la libertad de expresión», planteó.
Así lo hizo al dialogar con la prensa en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde disertó ante alumnos de la Maestría en Servicios de Comunicación Audiovisual que se dicta en esa casa de altos estudios.
«El derecho a la verdad lo venimos discutiendo hace años pero siempre lo hemos visto como parte del acceso a la Justicia, de la lucha contra la impunidad, pero hoy le quiero agregar un elemento adicional que es que el derecho a la verdad también es el derecho de pedir información pública de violaciones (a los derechos humanos) tanto del pasado como del presente, por víctimas o por cualquier persona dentro del territorio nacional», postuló el relator especial de la ONU.
En este sentido, sostuvo que «saber por qué se violan los derechos humanos, quién lo ordenó, quién lo hizo y quién lo encubrió es una información fundamental para que una sociedad conozca su historia y pueda libremente definir su futuro».
Así lo expresó también en su disertación, donde se refirió al contenido del informe que presentó en junio pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que puso el acento en «la vigilancia del Estado» a partir de la inquietud planteada por organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron que se trataba de un tema «cada vez más difícil».
«La democracia se mide por el respeto a los derechos humanos», resumió, al tiempo que señaló que si bien el Estado debe resguardar la «seguridad nacional», no lo debe hacer «en base a la arbitrariedad sino en base a legislación democrática».
«Esta es la discusión que se está generando en el mundo de hoy», planteó el relator especial de la ONU, quien indicó que «la libertad de expresión es un derecho que es facilitador de otros» y postuló que, «afectar ese derecho implica entonces afectar también otros».
«El derecho a la privacidad y a la libertad de expresión son totalmente distintos pero deben entenderse vinculados. No podemos tener una libertad de expresión completa si no tenemos el derecho a la privacidad en las comunicaciones», aseveró Mark La Rue.
En este sentido, señaló que si bien «la seguridad nacional es una obligación legítima del Estado, ésta debe ser ejercida en forma democrática y no basada en los excesos o las arbitrariedades».
«Así empezó el fascismo», dijo La Rue cuando hizo referencia a la «Vigilancia ilegal», y agregó que, «si se permite que se ejerza ese monitoreo a sectores de la población» se abren las puertas a una «diferenciación de los derechos humanos», algo que consideró violatorio de los derechos humanos e inaceptable.
Por ese motivo, en su paso por la Universidad de Buenos Aires, La Rue destacó la necesidad de que los Estados avancen en la definición de «leyes que regulen la seguridad nacional dentro del balance de las leyes democráticas».
En tanto, la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, quien participó del encuentro, manifestó su esperanza de poder celebrar el 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos «con un fallo que declare la constitucionalidad plena de la ley de Comunicación Audiovisual».
Publicado en la Agencia Télam, Argentina, 29 agosto 2013, aquí …