por Rogelio Núñez – Los países de América latina no solo deben encarar profundas reformas económicas en los próximos años para ganar en productividad y competitividad y eludir así la desaceleración. Además, están obligados a acometer importantes reformas políticas e institucionales.
Alicia Bárcena, secretaria general de a Cepal, asegura que en materia económica la región “no hizo los deberes” durante la década dorada (2003-2013): “América Latina y el Caribe no aprovecharon esos años para cambiar su estructura productiva, para hacer los deberes en productividad, innovación tecnológica e industrialización”.
Lo cierto es que en materia política tampoco los ha hecho. Las instituciones no se han reforzado, los partidos y los sistemas políticos padecen una honda crisis de representación y reciben un fuerte desapego desde la sociedad.
Daniel Zovatto en estas mismas páginas de Infolatam señalaba recientemente que la región tiene que “modernizar y fortalecer la institucionalidad, para adaptarlas a las nuevas realidades y de este modo contar con instituciones legítimas, transparentes y eficaces, con capacidad de rendir cuentas y de dar respuesta a las demandas sociales en una época en que existe un profundo descontento ciudadano debido al quiebre existente entre las expectativas y las posibilidades que tiene el gobierno y la sociedad de poder cumplirlas. Nos referimos tanto a las instituciones de carácter económico como a las políticas, en especial el fortalecimiento de los partidos políticos, el poder judicial, los órganos de fiscalización y los mecanismos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. El debate frontal al crimen organizado y a la corrupción exige máxima prioridad”.
La crisis del presidencialismo
Como colofón a esta crisis institucional, el sistema presidencialista muestra señales de agotamiento o, al menos, de incapacidad para adaptarse a los nuevos tiempos.
Un modelo, el presidencialista, que fue adoptado por los países de la región desde la independencia, inspirado en el modelo estadounidense y como alternativa a la inestabilidad que padeció la región tras la Emancipación.
Desde entonces, y salvo excepciones muy localizadas (la República parlamentaria chilena entre 1891 y 1920 o el régimen parlamentario brasileño entre 1961 y 1963), el presidencialismo ha prevalecido.
Sin embargo, en esta coyuntura de cambio y transición económica, social y política que vive la región el presidencialismo muestra claras señales de debilidad.
En palabras de Manuel Alcántara en una entrevista en el diario La Nación, “más que solucionar, el presidencialismo complica más las cosas. Es una personalización que desinstitucionaliza, hace que las políticas estén vinculadas a quien las da, al líder”.
Se trata de una vieja polémica (presidencialismo vs parlamentarismo) ya estudiada por muchos autores como Juan Linz, Dieter Nohlen o Mario Serraferro entre otros muchos.
Lo que se percibe de un tiempo a esta parte y todo hace prever que seguirá profundizándose es:
1-. En primer lugar, los presidentes conviven con bajos niveles de popularidad sin que existan mecanismos de relegitimación institucional, como sería la convocatoria de elecciones anticipadas.
Desde el regreso a la democracia los presidentes han ganado en poder y la autoridad se ha centrado en su figura. Por ejemplo con la generalización de la reelección a escala regional o la concesión de poderes extraordinarios (Venezuela) o reformas cosntituciones de corte hiperpresidencialista (Ecuador o Bolivia).
Leo Zuckermann, para el caso de Enrique Peña Nieto en México, explica que se trata de un “gobierno (que) quedó muy debilitado a raíz de los escándalos de “presuntos conflictos de interés”… En un régimen parlamentario, un gobierno con este arsenal de escándalos ya hubiera caído. No así en un régimen presidencial como el nuestro donde no existe esta posibilidad. Tenemos que aguantar a un gobierno débil por cuatro años más. Y he ahí el problema: ¿puede un gobierno débil implementar reformas estructurales de gran calado que afectan intereses tan poderosos?”.
Y para el caso argentino Daniel Zovatto sostiene que el “grave problema en Argentina no es el kirchnerismo. El problema en Argentina es la incapacidad absoluta desde 1983 a la fecha de crear institucionalidad. Ese es el problema central. El menemismo, el kirchnerismo son síntomas de esa incapacidad para crear institucionalidad. En Argentina se junta debilidad institucional sistemática con un estilo de acumulación de poder, de hiperpresidencialismo, de ejercicio arrogante del poder, lo cual es la combinación más nefasta de todas las posibles”.
2-. En segundo lugar, muchos presidentes conviven con legislativos opositores lo cual provoca “choques de trenes” institucionales que no se pueden resolver ni con comicios adelantados ni con la elección de un primer ministro que responda a la nueva mayoría.
Un caso palmario en ese aspecto es el de Costa Rica donde la oposición controla el Congreso o el de Perú, en donde Ollanta Humala no cuente con votos suficientes.
Se produce, así, un duelo entre dos legitimidades, la del presidente y la del Congreso que puede conducir a la parálisis de las políticas públicas.
La solución que adoptan los presidentes latinoamericanos pasa por remodelaciones del gabinete (Chile) o la formación de gobiernos de coalición (Brasil).
Así la llegada de Joaquim Levy al ministerio de Hacienda en Brasil o de Jorge Burgos a Interior en Chile buscan destrabar la situación, como la haría un nuevo primer ministro en un sistema parlamentario aunque en realidad no consiguen los mismos efectos.
Bajos niveles de aprobación
Estos recambios en ocasiones pueden estabilizar la situación pero no descongestionan el sistema.
Y así en la actualidad muchos presidnetes conviven con bajísimos niveles de aprobación que rondan el 20% (Michelle Bachelet, Ollanta Humala, Juan Manuel Santos o Dilma Rousseff) cuando no son el centro de fuertes movilizaciones sociales pidiendo su renuncia anticipada como ocurre con Otto Pérez Molina en Guatemala.
“Un problema para la gobernabilidad es que la gente no vea que se resuelven sus problemas, sean las hipotecas, el desempleo o la inseguridad. Un problema de eficacia de la economía. Y hay un problema de gobernabilidad cuando las instituciones están mal diseñadas. De nuevo: creo que el presidencialismo tiene problemas en esto de la gobernabilidad. Tenemos presidentes con una relación compleja con el Congreso. Chile y Brasil son buenos ejemplos. En Brasil, el partido de la presidenta necesita coaliciones; en Chile, la Concertación es un encorsetamiento de partidos muy distintos… Es diferente si obligas a construir la coalición desde abajo”, señala Manuel Alcántara.
Pensar que la panacea sea el parlamentarismo es un error pero lo que parece evidente es que Latinoamérica, como el resto del mundo occidental, padece una crisis de representación y legitimidad de las instituciones democráticas que más pronto que tarde habrá que encarar con valentía e imaginación.
Jorge Vargas Cullell señala en el diario La Nación de Costa Rica que “la democracia representativa moderna hace aguas. En las viejas democracias y en las nuevas, la gente vota y aprecia sus libertades, pero cunde un fuerte descontento ciudadano con la política y sus instituciones. Los partidos políticos están desacreditados, surgen nuevas demandas sociales que retan al sistema y la toma de decisiones públicas se embarriala por profundos desacuerdos políticos. Hay fatiga por la democracia, una falta de esperanza en su capacidad para responder a las necesidades de bienestar y justicia y, para peor, emergen alternativas autoritarias que autoproclaman ser más eficaces”
Publicado originalmente en InfoLatam, 5 junio 2015.